Cristian Eder Carreño López, quien encabezó la Universidad Autónoma «Benito Juárez» de Oaxaca hasta mayo pasado, fue incorporado al gobierno estatal como subsecretario de Planeación e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas. El nombramiento ocurre semanas después de que la Auditoría Superior de la Federación presentara una denuncia penal por un probable daño al erario de 103.1 millones de pesos en la UABJO, correspondiente al ejercicio 2024. Las observaciones se dirigen a la institución y no señalan hasta ahora una imputación personal contra el exrector.
Política | 10 de julio de 2026
El nombramiento
El gobierno de Salomón Jara Cruz incorporó a la administración estatal a Cristian Eder Carreño López como subsecretario de Planeación e Inversión Pública, área de la Secretaría de Finanzas encargada de coordinar la planeación y los programas y proyectos de inversión pública del estado. La designación fue reportada por El Imparcial de Oaxaca.
Carreño López dejó la rectoría de la UABJO el 15 de mayo de 2026, un día después de la elección en la que resultó designado Farid Acevedo López, quien previamente se había desempeñado como secretario de Finanzas del estado.
Qué dice la auditoría de la ASF
De acuerdo con la auditoría número 1476, derivada de la revisión de la Cuenta Pública 2024, la UABJO recibió mil 547 millones de pesos por concepto de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, de los cuales la ASF observó un probable daño a la hacienda pública federal por 103 millones 184 mil 983 pesos.
El monto principal, 101 millones 932 mil pesos, corresponde al pago a dos proveedores por servicios de subcontratación de personal presentado como especializado. El órgano fiscalizador determinó que ese personal desempeñaba en realidad funciones administrativas, académicas y financieras propias de las áreas de la universidad, con horarios establecidos y bajo instrucciones de personal universitario, lo que a su juicio contraviene la Ley Federal del Trabajo. La auditoría también observó un contrato por 1.2 millones de pesos con la empresa Robvaz Consultores S.C. para servicios relacionados con nómina, respecto del cual la universidad no presentó el expediente técnico que acreditara el proceso de adjudicación.
La ASF concluyó que la institución careció de un sistema de control interno adecuado y que incumplió disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación, entre otras.
Una denuncia penal sin señalamiento nominal
El 26 de junio pasado, la ASF presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal derivada de esa auditoría. Forma parte de un paquete de 21 denuncias interpuestas por el órgano fiscalizador por presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos públicos de 2020, 2021, 2023 y 2024, que en conjunto superan los 600 millones de pesos.
Hasta el momento, la denuncia se dirige contra la institución y contra quien resulte responsable, sin que las autoridades ministeriales hayan hecho pública una imputación individual. Las observaciones de la ASF constituyen hallazgos preliminares que los entes fiscalizados pueden solventar mediante la presentación de documentación aclaratoria, y corresponde a la FGR determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.
Cuestionamientos y contexto
La designación ha sido cuestionada públicamente por analistas y por integrantes de la comunidad universitaria, quienes consideran inoportuno que un exrector cuya administración es objeto de una revisión abierta ocupe un cargo vinculado a la planeación y administración de recursos públicos estatales. Se trata de señalamientos de orden político y ético, no de determinaciones de una autoridad judicial.
Las observaciones sobre el manejo de recursos en la UABJO no se limitan a la gestión más reciente. Integrantes de la comunidad universitaria han denunciado públicamente presuntas irregularidades acumuladas en administraciones anteriores, señalamientos que tampoco han derivado en sentencias.
Al cierre de esta edición, ni la Secretaría de Finanzas ni el gobierno del estado habían emitido un posicionamiento público sobre los cuestionamientos al nombramiento, y tampoco se conocía una respuesta de Carreño López a las observaciones de la ASF. La UABJO no ha fijado una postura oficial sobre la denuncia penal.
Nota legal: los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación tienen carácter preliminar y son susceptibles de aclaración o solventación. La denuncia penal se encuentra en investigación y no existe, hasta la fecha, imputación formal ni sentencia contra persona alguna. Conforme al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona debe presumirse inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por un juez.
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Fuentes consultadas: Informe de la Cuenta Pública 2024 y auditoría 1476 de la Auditoría Superior de la Federación; El Imparcial de Oaxaca; Excélsior; Oaxaca Capital; Poder y Crítica; portal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Oaxaca.