Juez federal suspende provisionalmente la construcción de la presa Mujer Solteca

Un juez federal ordenó la suspensión provisional de la presa “Mujer Solteca”, megaproyecto impulsado para abastecer de agua potable a la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados, tras un amparo promovido por organizaciones integradas en el Observatorio Comunitario del Agua (OCCAMA).

La resolución judicial instruye a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Estatal del Agua a detener el avance de la obra por carecer de autorizaciones ambientales, permisos de cambio de uso de suelo y mecanismos efectivos de participación ciudadana.

Yésica Sánchez Maya, coordinadora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, señaló que el proyecto avanza sin que exista información pública suficiente sobre su viabilidad ambiental, hídrica y financiera. Advirtió además que el costo total de la presa podría ascender a más de 30 mil millones de pesos entre construcción, operación y mantenimiento durante el periodo 2026-2028, cifra que representa casi una cuarta parte del presupuesto contemplado en el Plan Nacional Hídrico del Gobierno de México.

Las organizaciones civiles también alertaron sobre posibles afectaciones al caudal ecológico del río Atoyac y cuestionaron la disponibilidad real de agua del río Sola, considerado un afluente deficitario. De acuerdo con la documentación oficial citada por los activistas, la Manifestación de Impacto Ambiental de la presa aún continúa en evaluación, mientras que los estudios del acueducto y la planta potabilizadora siguen en elaboración, con un avance general de apenas 30 por ciento en permisos y autorizaciones ambientales.

Ariel Montes Pérez, integrante de Servicios Comunitarios, afirmó que la suspensión representa una medida de protección al interés público, ya que abre la posibilidad de revisar con transparencia el presupuesto destinado al proyecto y discutir alternativas para atender la crisis hídrica en Oaxaca. Las organizaciones hicieron un llamado a las autoridades federales y estatales para acatar la resolución judicial, transparentar toda la información técnica y financiera de la obra y garantizar un proceso público de evaluación con criterios de sostenibilidad, eficiencia y rendición de cuentas.