Ocho años de impunidad: El grito por justicia para María del Sol Cruz Jarquín sigue vigente en Oaxaca

El 2 de junio de 2018, María del Sol Cruz Jarquín, una joven fotógrafa de 27 años de edad, fue asesinada durante una emboscada en la región del Istmo de Tehuantepec. En el mismo ataque perdieron la vida la candidata a concejal Pamela Itzamaray Terán Pineda y su chofer, Adelfo Guerra.

María del Sol, quien se desempeñaba como jefa de Comunicación Social de la entonces Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), había sido enviada a esa zona de manera ilegal y en contra de su voluntad por su jefe directo, Francisco Montero López. El funcionario la obligó a cubrir la campaña electoral de su hermano, Hageo Montero López, desviando recursos públicos y exponiéndola a un escenario de alto riesgo.

Desde el día del crimen, la destacada periodista feminista y defensora de derechos humanos Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol, ha encabezado una batalla incansable contra el aparato judicial del estado. A lo largo de casi una década, la investigación ha estado plagada de irregularidades, pérdida de evidencias, carpetas mal integradas y complicidades políticas que han impedido encarcelar tanto a los autores materiales como intelectuales.

El caso dio un giro significativo recientemente cuando la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió una recomendación donde reconoció formalmente que existieron violaciones graves a los derechos humanos y acceso a la justicia con perspectiva de género por parte de la Fiscalía General del Estado y de las autoridades administrativas. Sin embargo, a pesar de los señalamientos de instancias nacionales e internacionales, el expediente penal no muestra avances sustanciales de castigo a los responsables.

A ocho años del suceso, colectivos feministas como el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca respaldan la exigencia de que este crimen no sea olvidado ni archivado. El asesinato de María del Sol es catalogado por defensores como un «crimen de Estado» debido al encubrimiento de redes políticas locales que se niegan a romper los pactos de impunidad.

 

Para el periodismo y la sociedad civil oaxaqueña, la fecha es un recordatorio de que la violencia feminicida en México sigue cobrando vidas, mientras que la falta de sentencias firmes perpetúa la vulnerabilidad de las mujeres y de quienes ejercen la libertad de prensa.