El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue acusado formalmente por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en una investigación encabezada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo señala de haber colaborado con el Cártel de Sinaloa en una red de narcotráfico internacional, junto con al menos nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos.
De acuerdo con la acusación, las autoridades estadounidenses sostienen que Rocha Moya y sus presuntos colaboradores facilitaron el tráfico de drogas como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios y respaldo político, además de brindar protección institucional a miembros del crimen organizado para evitar su captura o procesamiento.
La investigación también vincula a los acusados con la facción conocida como “Los Chapitos”, integrada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a quienes habrían favorecido mediante filtración de información, encubrimiento de operaciones y presunta intervención en procesos políticos, incluyendo las elecciones de 2021 en Sinaloa.
Entre los cargos presentados se incluyen conspiración para el tráfico de narcóticos, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y asociación delictuosa, delitos que podrían derivar en penas de hasta cadena perpetua en caso de ser comprobados en tribunales estadounidenses.
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, confirmó la recepción de solicitudes relacionadas con el caso, aunque señaló que hasta el momento no se han presentado pruebas suficientes que sustenten las acusaciones, lo que ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países.
Por su parte, Rocha Moya rechazó categóricamente los señalamientos, calificándolos como falsos y políticamente motivados, al tiempo que aseguró que se trata de un intento de vulnerar la soberanía nacional y desacreditar a su administración y al movimiento político al que pertenece.
El caso ha provocado una fuerte reacción en el ámbito político mexicano, donde partidos de oposición han exigido investigaciones internas e incluso medidas extraordinarias como la desaparición de poderes en Sinaloa, mientras que el oficialismo ha defendido al mandatario estatal argumentando falta de evidencia.
Esta acusación marca un precedente relevante en la estrategia de Estados Unidos contra el narcotráfico, al dirigir acciones legales no solo contra líderes criminales, sino también contra funcionarios de alto nivel presuntamente vinculados con estructuras del crimen organizado, lo que podría redefinir la relación bilateral en materia de seguridad y combate a la corrupción.