
5 de febrero – La presidenta de la Senado de la República, Laura Itzel Castillo, confirmó la existencia de un salón de belleza dentro de las instalaciones legislativas, habilitado en el espacio que anteriormente ocupaba una oficina de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
De acuerdo con las declaraciones públicas de la senadora, el área cuenta con espejos, sillas profesionales y lavaderos de cabello, y fue concebida —según explicó— como un espacio funcional para que legisladores y legisladoras puedan mantenerse presentables durante las sesiones, en particular quienes se trasladan desde otros estados del país y enfrentan jornadas prolongadas.
Servicios con costo para las y los senadores
Tras la difusión del caso, la administración del Senado precisó que el servicio no es gratuito ni financiado con recursos públicos directos. Conforme a la información oficial, cada senadora o senador cubre de su propio bolsillo los servicios que solicita. El lugar contaba con personal especializado, incluida una peinadora y maquillista identificada públicamente como Jazmín.
Reacciones y contraste con el discurso de austeridad
La revelación del salón generó una inmediata controversia en redes sociales y espacios de opinión pública, al contrastar con el discurso de austeridad republicana promovido por Morena y por los gobiernos encabezados por Andrés Manuel López Obrador y la actual presidenta Claudia Sheinbaum.
Las críticas se centraron en la pertinencia de destinar espacios dentro del recinto legislativo para este tipo de servicios, independientemente de que su costo sea asumido de manera individual por quienes los utilizan.
Clausura tras difusión pública
Como respuesta a la exhibición de imágenes del lugar y al creciente cuestionamiento ciudadano, autoridades del Senado procedieron a la clausura del salón de belleza poco tiempo después de que el tema se hiciera público. Hasta el momento, no se ha informado si el espacio será reasignado para otras funciones administrativas ni si se abrirá una investigación interna sobre su habilitación.
El episodio reavivó el debate sobre los límites entre funcionalidad institucional y austeridad en el uso de espacios dentro de los órganos legislativos, en un contexto de alta sensibilidad social frente al gasto y los privilegios en el sector público.