Oaxaca, Oax., 26 de diciembre de 2025 | 13:45 horas.
La Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO) mantiene abierta una investigación sobre el operativo denominado Pescador, implementado durante 2025 por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en coordinación con el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal.
El programa se llevó a cabo en al menos tres momentos distintos del año en la Central de Abasto de la capital oaxaqueña y consistió en el aseguramiento de personas en situación de calle y de personas con adicciones, quienes posteriormente fueron internadas en centros de rehabilitación.
La titular de la DDHPO, Elizabeth Lara Rodríguez, señaló que si bien es necesario atender la problemática de las adicciones, ésta debe abordarse como un asunto de salud pública y no de seguridad. “Es una responsabilidad del Estado, pero no desde una lógica punitiva”, puntualizó.
En ese sentido, la ombudsperson informó que el organismo solicitó informes tanto a la Fiscalía como a la Secretaría de Salud estatal. Precisó que la Fiscalía ya entregó la documentación requerida, mientras que la Secretaría de Salud aún no ha remitido su informe, por lo que la investigación permanece en curso.
La indagatoria cobró especial relevancia luego de que una persona internada en un centro de rehabilitación, tras ser asegurada durante el operativo realizado el pasado 23 de octubre, falleciera. Este hecho derivó en la presentación de una queja formal ante la DDHPO, la cual continúa bajo análisis.
Lara Rodríguez subrayó que, al tratarse de un tema de salud pública, corresponde a la Secretaría de Salud supervisar los llamados anexos o centros de rehabilitación, mediante evaluaciones y seguimiento permanente, a fin de garantizar su correcto funcionamiento y el respeto a los derechos humanos de las personas internadas.
Añadió que el organismo ha recibido diversas quejas por presuntas violaciones a derechos humanos relacionadas con el operativo Pescador, incluyendo denuncias por desaparición de personas. Aunque posteriormente fueron localizadas, explicó, sí permanecieron un tiempo en calidad de desaparecidas tras la ejecución del programa.
Finalmente, recordó que existe un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que ninguna persona puede ser internada en un centro de rehabilitación en contra de su voluntad, por lo que cualquier actuación en sentido contrario podría constituir una violación a derechos fundamentales.