Diciembre de 2025.
La violencia contra actores políticos en México volvió a escalar de manera alarmante durante 2025, consolidándose como uno de los años más letales para la vida pública en las últimas décadas. Ataques directos, emboscadas y ejecuciones en espacios oficiales y eventos públicos marcaron la agenda nacional y evidenciaron la fragilidad institucional en amplias regiones del país.
Recuentos elaborados por consultoras especializadas y organizaciones de seguimiento de violencia política coinciden en que al menos 113 actores políticos han sido asesinados en lo que va del año. La cifra incluye autoridades en funciones, expresidentes municipales y funcionarios de distintos niveles, aunque varía según la metodología y el universo considerado, ante la ausencia de un registro oficial único.
Un fenómeno en ascenso frente a años previos
La violencia política no es nueva, pero 2025 representa un punto de inflexión. Durante procesos electorales anteriores —como 2018 o 2021— los asesinatos de actores políticos se concentraron principalmente en periodos de campaña. En contraste, este año la violencia se mantuvo constante incluso fuera de coyunturas electorales, afectando a autoridades ya en funciones y a figuras con trayectoria política consolidada.
En comparación con 2022 y 2023, cuando los recuentos anuales rondaron entre 80 y 90 asesinatos, 2025 superó esos registros antes de cerrar el año, reflejando una expansión territorial del fenómeno y una mayor audacia de los grupos criminales.
Asesinatos comprobados y verificables en 2025
Entre los casos plenamente documentados por autoridades y medios de comunicación se encuentran:
Erasmo Rodolfo Medina Ruiz, expresidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, asesinado a balazos el 23 de diciembre dentro de una vivienda. Mario Hernández García, presidente municipal de Santiago Amoltepec, muerto tras una emboscada armada en mayo. Isaías Rojas Ramírez, alcalde de Metlatónoc, quien falleció días después de un ataque armado en la Autopista del Sol. Salvador Bastida García, presidente municipal de Tacámbaro, asesinado junto con su escolta en junio. Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, asesinada tras una irrupción armada dentro del Palacio Municipal. Martha Laura Mendoza Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, asesinada en un ataque directo a balazos. Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionaria y asesor del gobierno capitalino, asesinados en un ataque directo sobre Calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México.
Asesinatos de alto impacto político
Más allá del conteo numérico, algunos crímenes marcaron un antes y un después por su carga simbólica, el lugar donde ocurrieron o el mensaje de intimidación que enviaron:
Carlos Alberto Manzo Rodríguez, presidente municipal independiente de Uruapan y exdiputado federal, fue asesinado el 1 de noviembre durante un evento público en el centro de la ciudad. El ataque, perpetrado ante decenas de asistentes, evidenció el grado de exposición de las autoridades locales incluso en actos masivos y bajo vigilancia. El asesinato de Lilia Gema García Soto dentro del Palacio Municipal de San Mateo Piñas representó uno de los episodios más graves del año, al tratarse de un ataque armado en una sede oficial de gobierno, rompiendo cualquier frontera simbólica de protección institucional. El ataque en la Ciudad de México contra Ximena Guzmán y José Muñoz mostró que la violencia política no se limita a zonas rurales o de alta marginación, sino que también alcanza a funcionarios en una de las ciudades más vigiladas del país.
Una amenaza estructural
Especialistas coinciden en que la violencia política en México ya no es solo reactiva ni coyuntural, sino parte de una estrategia para controlar territorios, capturar gobiernos municipales e influir en decisiones públicas. En muchos casos, el asesinato de una autoridad genera vacíos de poder, parálisis administrativa y un efecto de intimidación que se extiende a regidores, funcionarios y comunidades enteras.
A diferencia de años anteriores, en 2025 los ataques fueron más directos, públicos y letales, lo que refuerza la percepción de impunidad y debilita la confianza ciudadana en las instituciones.
Con este panorama, el año cierra con una advertencia clara: sin garantías reales de seguridad para quienes ejercen cargos públicos, la democracia mexicana enfrenta uno de sus mayores desafíos contemporáneos, donde gobernar, decidir y representar a la ciudadanía puede significar un riesgo mortal.