Oaxaca, Istmo de Tehuantepec.– En un fallo considerado histórico para la defensa de la tierra y el territorio indígena, un juez del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario Dos del Circuito Judicial del Istmo de Tehuantepec absolvió a 21 integrantes de la comunidad indígena chontal de El Coyul —mujeres y hombres— que fueron criminalizados por oponerse a la construcción de desarrollos inmobiliarios en su playa.
Las personas absueltas forman parte de la Asamblea Comunitaria de El Coyul y de la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul, organización fundada en 1972 que agrupa a 221 familias. Durante el proceso judicial enfrentaron acusaciones que podían derivar en condenas de hasta 15 años de prisión para cada pescadora y pescador, además del pago de una reparación del daño estimada en 55 millones de pesos y una multa adicional de 90 mil pesos.
Aunque el fallo aún podría ser impugnado mediante un recurso de amparo, las y los integrantes de la comunidad señalaron que la resolución judicial confirmó lo que desde hace años sostienen: su lucha no fue un delito, sino una legítima defensa del territorio comunitario.
De acuerdo con los testimonios presentados durante el proceso, personas ajenas a la comunidad, presuntamente respaldadas por funcionarios estatales y notarios públicos, intentaron apropiarse de alrededor de mil 452 hectáreas pertenecientes históricamente a la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul. El objetivo, denunciaron, era despojar a la comunidad de su playa, destruir manglares y dar paso a la construcción de hoteles y edificios.
Ante estos intentos, la comunidad hizo públicas las irregularidades y organizó acciones de resistencia, lo que —señalan— derivó en una estrategia de criminalización judicial impulsada por intereses empresariales para frenar la defensa del territorio.
“Esto se trató de un despojo, pero no lo vamos a permitir. Desde aquí seguiremos luchando. Basta ya de criminalizarnos, cuando en la comunidad se sabe quiénes son los verdaderos dueños”, expresaron integrantes de El Coyul tras conocer la absolución.
Asimismo, las y los pescadores responsabilizaron públicamente a Alfredo Manuel Mena Alonso, Joel Ricardez López y Rigoberto Cruz Cartas de cualquier acto de violencia, hostigamiento, intimidación o agresión que pudiera ocurrir en contra de la comunidad o de las personas recientemente absueltas.
El acompañamiento legal y jurídico durante todo el proceso estuvo a cargo de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIDTT), organización que ha documentado el caso como un ejemplo más del uso del sistema judicial para intentar desarticular la defensa comunitaria del territorio en Oaxaca.
La comunidad de El Coyul advirtió que, pese a la absolución, se mantendrá alerta ante cualquier intento legal o administrativo que busque obligarlos a desistir de las tierras que consideran parte de su patrimonio colectivo e identidad como pueblo indígena.