Oaxaca.— Una Misión Civil de Observación integrada por diversas organizaciones sociales reveló que en Eloxochitlán de Flores Magón, en la Sierra Mazateca, se han acumulado 550 víctimas de crímenes de lesa humanidad a lo largo de 13 años. El informe identifica 50 víctimas directas y al menos 500 indirectas de tortura, detenciones arbitrarias, prisión preventiva prolongada, desplazamiento forzado y persecución política.
De acuerdo con el documento preliminar, en estos hechos habrían participado y colaborado autoridades municipales, estatales y federales, así como el grupo caciquil encabezado por Manuel Zepeda Cortés y la actual diputada local Elisa Zepeda Lagunas, cuya influencia —señala la Misión— ha permitido sostener el clima de hostigamiento y criminalización.
La comunidad, advierte el informe, atraviesa un momento crítico: más de 200 órdenes de aprehensión siguen vigentes, lo que mantiene a numerosas familias desplazadas o en constante riesgo, mientras que la impunidad persiste de manera absoluta. A ello se suma la devastación ambiental que continúa avanzando en el territorio.
La Misión Civil también documentó un ecocidio en el Río Xangá Ndá Ge, considerado un ente sagrado dentro de la cosmovisión mazateca. Durante más de una década, la sobreexplotación ilegal de materiales pétreos habría destruido el cauce, contaminado el agua con metales pesados, desecado tramos completos y provocado una pérdida acelerada de fauna y flora, además de permitir el uso de maquinaria pesada dentro del territorio comunitario. Este daño ambiental, señalan, forma parte de un patrón de despojo y debilitamiento de la autonomía local.
El informe, resultado de un trabajo colectivo, recopila más de 13 años de violencia de Estado, criminalización política y explotación ambiental que han marcado profundamente a la comunidad. Fue elaborado por especialistas independientes en derechos humanos, ciencias naturales, ingeniería, psicología, antropología, género e interculturalidad, con el propósito de romper el silencio y registrar con rigor lo que Eloxochitlán ha denunciado desde hace más de una década.