Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y propietario de la franquicia Miss Universo México, está señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber sobornado a una alta funcionaria de esa institución para obtener información confidencial sobre la investigación que enfrenta por presuntos delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas y venta de combustible robado.
De acuerdo con documentos ministeriales y reportes difundidos por medios como Proceso, Reforma y Aristegui Noticias, la FGR abrió desde 2023 una carpeta de investigación contra Rocha Cantú por su presunto vínculo con una red dedicada al ingreso ilegal de armas al país, así como a operaciones financieras relacionadas con la comercialización de huachicol en el norte de México. Las autoridades federales también indagan un posible esquema de lavado de dinero vinculado a estas actividades.
Dentro de esta indagatoria, la Fiscalía detectó que Rocha Cantú habría establecido contacto con una mando de la propia dependencia, a quien —según testimonios e intercambios de comunicaciones incorporados al expediente— entregó sobornos a cambio de obtener actualizaciones sobre el avance del caso. La funcionaria presuntamente le habría proporcionado información interna como actuaciones del Ministerio Público, solicitudes de cateo, movimientos de la Policía Federal Ministerial e incluso alertas sobre eventuales órdenes judiciales.
Los informes señalan que esta filtración de información obstaculizó diversas diligencias y permitió al empresario anticiparse a acciones de las autoridades. Como parte del caso, también se investigan posibles intermediarios y el flujo de recursos que habrían servido para los pagos ilícitos.
Rocha Cantú, conocido también por su presencia en el sector energético y por su participación empresarial en espectáculos, se ha mantenido en la atención pública debido a la relevancia mediática de Miss Universo México y a la expansión del certamen bajo su dirección.
Hasta el momento, ni el empresario ni su defensa han ofrecido una postura pública detallada sobre estos señalamientos, mientras que la FGR mantiene el expediente abierto y en integración. No se ha informado oficialmente de una orden de aprehensión vigente, pero la autoridad federal sostiene que continúa reuniendo elementos para proceder penalmente.
El caso sigue evolucionando y podría tener implicaciones tanto en el sector empresarial de medios y entretenimiento como en la actuación interna de la FGR, debido al presunto involucramiento de una de sus funcionarias en filtración de información reservada.