Oaxaca de Juárez, Oax., 14 de noviembre de 2025.— Organizaciones integrantes de la Plataforma de Derechos Humanos denunciaron que la omisión de autoridades estatales y federales puso en riesgo la vida e integridad de personas defensoras y familias comuneras durante una diligencia judicial realizada en el municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe, en la Sierra Norte de Oaxaca.
La diligencia tenía como objetivo desahogar una prueba pericial relacionada con denuncias de abuso, hostigamiento y presunto despojo de tierras en agrimensura, dentro de un procedimiento instruido por el Juzgado Décimo de Distrito. A la zona acudieron el perito oficial, víctimas, así como personas defensoras que acompañan el caso.
En un comunicado, las organizaciones señalaron como responsables de la falta de garantías a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), el Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, la Secretaría de Gobierno de Oaxaca y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado, a quienes acusaron de un “lamentable desempeño”.
Comuneras denuncian hostigamiento para despojo de tierras
Las familias y comuneras de Rancho Ardilla y Rancho Minas, en Ayutla Mixe, han documentado amenazas, agresiones —incluidas de carácter sexual— y detenciones arbitrarias presuntamente ejercidas por autoridades municipales y agrarias de Tamazulapam del Espíritu Santo, así como por autoridades de las agencias de Tierra Blanca y Linda Vista.
De acuerdo con las organizaciones, estas acciones buscan despojarlas de sus tierras y pertenencias “de manera arbitraria y en violación de sus derechos humanos”. Subrayaron que todos estos hechos han sido notificados a la DDHPO dentro del expediente DDHPO/0310/(14)/OAX/2024, en el cual existen medidas cautelares emitidas que —afirman— no fueron atendidas de manera efectiva.
Autoridades impiden trabajo pericial
Durante la diligencia, el perito oficial se identificó y explicó los alcances técnicos ordenados por el juzgado. Sin embargo, autoridades municipales y agrarias de Tamazulapam del Espíritu Santo, acompañadas de topiles y elementos de la policía municipal, impidieron el inicio de los trabajos.
Según la denuncia, el grupo actuó de forma “amenazante y agresiva” y rechazó los documentos oficiales que acreditaban el carácter del perito. Argumentaron que el terreno ya les pertenecía y ordenaron la salida inmediata del personal y de las personas defensoras, quienes fueron escoltadas fuera del lugar por topiles.
Las organizaciones civiles exigieron garantías para continuar con las diligencias judiciales, protección efectiva para las familias comuneras y responsabilidades administrativas y penales contra quienes —señalan— obstaculizaron el trabajo del Juzgado Décimo de Distrito y pusieron en riesgo a las personas defensoras.