Destituyen a Dina Boluarte: Congreso aprueba quitarle Presidencia de Perú por incapacidad moral

Lima, Perú.-  En un hecho histórico que profundiza la crisis institucional del país, el Congreso de la República del Perú destituyó la noche del jueves 9 de octubre a la presidenta Dina Boluarte por “permanente incapacidad moral”, con una votación casi unánime: 119 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Posteriormente, el único voto restante también fue sumado a favor de la vacancia.

Boluarte, quien asumió el poder en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, fue removida en medio de múltiples escándalos de corrupción, una ola creciente de criminalidad y un desplome total en su popularidad. Su caída representa otro capítulo más en la inestabilidad política que ha marcado la presidencia peruana en los últimos años, y la convierte en la sexta mandataria en dejar el cargo de forma anticipada desde 2018.

Una presidencia sin respaldo ni legitimidad

Dina Boluarte llegó a la Presidencia como vicepresidenta de Castillo, tras el fallido intento de autogolpe del exmandatario. Pese a provenir de un movimiento de izquierda, Boluarte giró rápidamente hacia alianzas con partidos de derecha, especialmente con el fujimorismo, con los que logró resistir seis intentos previos de destitución.

Sin embargo, su decisión de no convocar elecciones anticipadas y de mantenerse en el cargo hasta 2026, sumada a una dura represión de las protestas sociales que dejó más de 50 muertos, terminó por desgastar su ya frágil legitimidad.

Con una aprobación que apenas alcanzaba el 3% —y que entre los jóvenes llegó al 0%—, Boluarte se convirtió en una figura impopular incluso para los partidos que la respaldaban, quienes finalmente optaron por retirarle su apoyo ante la cercanía de las elecciones generales y el creciente costo político de sostenerla.

Escándalos, cirugías y “Rolexgate”

La expresidenta enfrentó múltiples investigaciones por presunta corrupción. Uno de los casos más sonados fue el denominado “Rolexgate”, en el que se la acusa de haber recibido relojes de lujo y otros objetos de valor sin justificación. También fue investigada por haberse sometido a cirugías estéticas sin informar al Congreso y por supuestamente haber falsificado documentos durante su convalecencia.

Estas acusaciones, sumadas a una imagen de falta de transparencia, provocaron que incluso el respaldo de los sectores más conservadores del Congreso se evaporara.