Uruapan, Michoacán. — Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, rompió el silencio para alertar sobre la gravedad del terror que grupos delictivos ejercen en su territorio. En recientes declaraciones afirmó que su municipio vive bajo amenazas constantes: hay fosas clandestinas, extorsiones al gremio del aguacate, presencia de campamentos de adiestramiento de fuerzas criminales extranjeras, y una violencia que —dijo— “parece imparable”.
Manzo ha pedido con urgencia apoyo federal para blindar la seguridad de Uruapan, pues aseguró que los delincuentes ya no sólo operan al margen, sino que tienen capacidad para imponer su ley con armas de uso exclusivo del Ejército y tácticas de guerra. Asegura que la delincuencia organizada ha impuesto cuotas y cobros ilegales al campo, ha destruido cargamentos agrícolas y obliga a los productores a participar en esquemas de extorsión si no quieren ver sus cosechas arruinadas.
El alcalde independentista manifestó su intención de luchar sin pactos con los grupos criminales: “No quiero ser otro alcalde ejecutado”, dijo al expresar que ha recibido amenazas directas, y que mantener su gobierno “limpio” es una de sus prioridades. También denunció que la inseguridad quedó evidenciada al descubrir presuntos campamentos donde criminales extranjeros —colombianos y venezolanos según informes municipales— se entrenan y planean operativos violentos; estos campamentos cuentan con armamento de alto calibre, lo que, según Manzo, supera los niveles de poder de simples bandas locales.
Las autoridades estatales han respondido con cautela, algunas admitiendo que hay información preliminar sobre entrenamientos delictivos, mientras otras piden pruebas concretas. Manzo insiste en que lo mostrado en video y lo hallado en operativos municipales son evidencia suficiente, pero reclama mayor intervención federal y coordinación con las fuerzas armadas para enfrentar lo que describió como una crisis de seguridad.
La población local vive entre el miedo y la resignación: denuncias informales de desapariciones, llamadas de extorsión en comunidades rurales, bloqueos carreteros por enfrentamientos, y hallazgos de cuerpos en fosas. En redes sociales crecen los testimonios de quienes dicen estar obligados a pagar “derechos de piso” o presuntos impuestos de guerra, temiendo represalias si se niegan.
Las voces de Uruapan, mientras tanto, demandan acciones concretas: presencia policiaca real, mejoras en inteligencia militar, aplicación de la ley sin impunidad y protección efectiva para quienes alzan la voz. Carlos Manzo sostiene que el reto es mayúsculo, pero advierte: si no se actúa ya, no solo será otro alcalde víctima, sino que la zona puede convertirse en un territorio prácticamente ingobernable.