La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), muestra que Oaxaca registró en 2024 el mayor aumento porcentual en la tasa de víctimas de delito entre todas las entidades federativas del país: pasó de 13,274 víctimas por cada 100,000 habitantes en 2023 a 21,303 en 2024, un incremento de 60.5%.
El salto en el indicador —el más pronunciado a nivel nacional— coloca a la entidad en una situación de “alerta” estadística: además del aumento en la tasa de víctimas, reportes vinculados a los resultados de la ENVIPE señalan que la incidencia delictiva (delitos estimados por cada 100,000 habitantes) también habría mostrado un incremento notable en Oaxaca, pasando de aproximadamente 18,575 a 31,561 delitos por cada 100,000 habitantes (un alza cercana al 69.9%), según medios que resumen los tabulados por entidad.
Los datos nacionales de la ENVIPE confirman que en 2024 se estimaron 23.1 millones de personas adultas víctimas de algún delito en el país, con una tasa nacional de 24,135 víctimas por cada 100,000 habitantes. La encuesta también alerta sobre la profunda “cifra oculta”: del total de delitos ocurridos en 2024 solo 9.6% se denunció, lo que complica la respuesta institucional y el diseño de políticas públicas.
Expertos y autoridades locales han puesto en relieve dos efectos inmediatos de los resultados: la contradicción entre la percepción oficial de mejora en algunos indicadores y las estimaciones de victimización de la ENVIPE, así como la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones para elevar la denuncia y la investigación efectiva de delitos. Diversos medios han subrayado que las cifras del INEGI contraponen afirmaciones oficiales sobre una supuesta contención de la violencia en la entidad.
Más hogares y personas reportaron haber sufrido delitos en 2024 respecto a 2023, según la ENVIPE, lo que influye directamente en la percepción de inseguridad. El alto subregistro (baja denuncia) disminuye la capacidad de las fiscalías para abrir carpetas y resolver delitos; en 2024 a nivel nacional solo 9.6% de los delitos se denunció, y en Oaxaca la “cifra negra” y la proporción de denuncias que se investigan apuntan a un problema estructural en la administración de justicia local.
Medios nacionales y locales han interpretado estos resultados como un llamado a revisar políticas de prevención, aumentar la presencia y eficacia de investigación y, sobre todo, recuperar la confianza de la ciudadanía en las autoridades para que los delitos se denuncien y se investiguen. Algunas notas periodísticas también registran declaraciones de actores políticos que cuestionan o relativizan los resultados; la ENVIPE, por su naturaleza de encuesta de victimización, ofrece una estimación complementaria —y en muchos casos más amplia— que los registros administrativos de denuncias.