En conferencia de prensa ofrecida en el atrio del templo de Santo Domingo de Guzmán la semana pasada, la portavoz de la Comisión Política de esa organización, Yolanda Ruiz Cruz, dijo que sus protestas buscan garantizar la reinstalación de la mesa de diálogo al más alto nivel con las administraciones federal y estatal, porque ni una ni otra hacen caso de las justas demandas del pueblo.

Expuso que la Corriente del Pueblo Sol Rojo se solidarizará de esta manera con otras luchas justas a nivel estatal y nacional encaminadas a fortalecer el proceso de unidad de las distintas resistencias.

Explicó que la Jornada de Lucha en Defensa de la Vida y los Derechos del Pueblo iniciará el primer día de marzo y continuará los días siguientes, donde están contemplada la instalación de un plantón y una serie de movilizaciones.

Detalló que la Corriente del Pueblo Sol Rojo reclamará respuestas satisfactorias a cinco puntos centrales: la presentación con vida de su compañero desaparecido, Ernesto Sernas García, y el castigo a los autores materiales e intelectuales del homicidio de su también compañero Luis Armando Fuentes Aquino, así como por la libertad incondicional de un opositor del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), Salvador Pinal Meléndez.

Demandan el cumplimiento de las medidas cautelares de las familias triquis desplazadas de San Miguel Copala, resolución inmediata del conflicto en la zona y responsabilidad para los altos funcionarios de los gobiernos estatal y federal quienes han simulado acuerdos de paz.

También reclaman la cancelación de la subestación eléctrica de la Secretaría de Defensa Nacional en San Blas Atempa, el CIIT, los parques eólicos y demás megaproyectos.

Aparte de esto, requirió el respeto al registro sindical y la extensión de condiciones generales de trabajo para la Sección 9 del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud, así como el respeto al contrato colectivo de trabajo del Sindicato Único de Trabajadores de Telebachilleratos Comunitarios del Estado de Oaxaca.

Ruiz Cruz también exigió el respeto a la autonomía de los pueblos originarios, su derecho a la autodeterminación, sus asambleas, sus formas organizativas y sus sistemas normativos propios.