Ciudad de México.– Luego de ser entregado a las autoridades mexicanas el pasado miércoles, el boxeador Julio César Chávez Jr. fue vinculado a proceso este sábado por un juez federal en Hermosillo, Sonora, por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. Sin embargo, el pugilista no permanecerá en prisión y enfrentará el proceso en libertad bajo medidas cautelares “muy estrictas”, según confirmó su defensa.

El excampeón mundial, hijo del legendario Julio César Chávez, había sido trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11 de Hermosillo tras su entrega en la frontera, donde inicialmente se le impuso prisión preventiva. No obstante, en la audiencia de este sábado, el juez determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) no acreditó la necesidad de mantenerlo encarcelado, por lo que ordenó su inmediata liberación.

El representante legal del boxeador informó que se otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria y detalló que el delito que se le imputa es delincuencia organizada en la modalidad de introducción clandestina de armas a México, sin funciones de administración ni liderazgo dentro de la estructura criminal. De ser encontrado culpable, podría enfrentar una pena que oscila entre cuatro y ocho años de prisión.

Las investigaciones de la FGR señalan que entre diciembre de 2021 y junio de 2022 se realizaron intervenciones telefónicas a presuntos integrantes de una célula vinculada a Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. En esas conversaciones se mencionaba a Chávez Carrasco participando en agresiones contra miembros de la organización, quienes eran colgados como costales de boxeo a modo de castigo por órdenes de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, extraditado a Estados Unidos en 2024.

El proceso judicial contra Chávez Jr. tiene antecedentes en Estados Unidos. En julio pasado fue detenido en Los Ángeles por agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) al no contar con documentos migratorios. Las autoridades estadounidenses confirmaron entonces que el boxeador enfrentaba una orden de captura en México desde enero de 2023 y lo señalaron como presunto integrante del Cártel de Sinaloa, considerado organización terrorista extranjera por ese país.

Tras más de dos años sin que se ejecutara la orden en México, finalmente fue entregado a las autoridades nacionales y puesto a disposición de la justicia federal. Aunque enfrentará el proceso en libertad, el juez impuso medidas cautelares de vigilancia judicial y restricciones que deberá cumplir estrictamente.