Ciudad de México, 22 de julio de 2025 — Las decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para reconfigurar la operación aérea en México, incluyendo el traslado de vuelos de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), provocaron preocupación en el gobierno de Estados Unidos, que durante 2023 envió varias solicitudes para dialogar sobre los impactos de estas medidas.
Según fuentes diplomáticas y documentos oficiales, la administración estadounidense, ahora encabezada por el presidente Donald Trump, considera que estas decisiones podrían constituir un incumplimiento del acuerdo bilateral de aviación, vigente desde 2015. Las autoridades mexicanas, por su parte, han sostenido que las medidas responden a razones técnicas y de seguridad operativa.
Motivos del gobierno mexicano
El gobierno de López Obrador justificó la reubicación de vuelos de carga en la saturación del AICM, argumentando que la terminal capitalina enfrentaba problemas crónicos de capacidad, demoras y riesgos de seguridad aérea. Según datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el traslado permitió reducir en 22 % la ocupación de pistas y mejorar los tiempos de procesamiento para pasajeros y mercancías.
Además, la administración resaltó que el AIFA, inaugurado en 2022, fue diseñado con instalaciones modernas y espacios suficientes para recibir operaciones de carga y pasajeros, y que fortalecerlo era una medida estratégica para descongestionar la red aeroportuaria del Valle de México.
Preocupación de Estados Unidos
Desde Washington, el Departamento de Transporte (DOT) expresó en varias comunicaciones formales su inquietud por el impacto de las decisiones mexicanas en aerolíneas y empresas logísticas estadounidenses. De acuerdo con autoridades norteamericanas, el traslado forzoso de operaciones representó costos adicionales para las compañías, alteraciones en las cadenas de suministro y posibles violaciones a los compromisos pactados en materia de competencia justa.
Entre las medidas que ha considerado el gobierno estadounidense están la revisión de slots para aerolíneas mexicanas en aeropuertos de EE. UU., la suspensión de autorizaciones para nuevos vuelos y la evaluación del estatus de alianzas estratégicas, como la que mantienen Aeroméxico y Delta Airlines.
Impactos para el sector aeronáutico
La medida ha tenido efectos mixtos en el sector. Por un lado, el AIFA reportó un incremento significativo en operaciones de carga, pasando de 18 a cerca de 47 aerolíneas y procesando más de 840,000 toneladas entre 2023 y 2025, según cifras oficiales. Por otro lado, asociaciones de pilotos, cámaras empresariales y operadores logísticos han señalado que el aeropuerto aún enfrenta retos en conectividad terrestre, servicios auxiliares y costos operativos.
Especialistas advierten que las tensiones podrían escalar si no se alcanza un acuerdo técnico-diplomático entre ambos países, especialmente en el contexto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que será revisado en 2026.
Balance de la decisión
La jugada del gobierno de López Obrador implicó tensar una relación estratégica clave y poner en juego compromisos internacionales.
El desafío ahora recae en las autoridades actuales, encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes deberán decidir si mantienen el rumbo trazado por la administración anterior, ajustan las políticas aeroportuarias o abren nuevos espacios de diálogo para evitar afectaciones mayores en la relación bilateral.