Ciudad de México, 6 de julio de 2025 — El expresidente Enrique Peña Nieto rechazó este domingo las acusaciones difundidas en medios internacionales que lo señalan como presunto beneficiario de un soborno de 25 millones de dólares, presuntamente entregado por dos empresarios israelíes que habrían realizado negocios con su gobierno, entre ellos, la controvertida venta del software de espionaje Pegasus.
La información fue difundida inicialmente por el diario económico israelí The Marker, que documenta un conflicto legal entre los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher, socios en distintos negocios tecnológicos, quienes se acusan mutuamente de desvío de fondos. En el proceso de arbitraje, se menciona que parte del dinero habría sido entregado a una figura de alto nivel identificada como “N”, en referencia implícita al expresidente mexicano.
Según el reportaje, el supuesto pago habría tenido como objetivo facilitar contratos gubernamentales con empresas vinculadas a tecnología de vigilancia, incluyendo al controvertido sistema Pegasus, desarrollado por NSO Group, que fue utilizado en México durante el sexenio de Peña Nieto y es objeto de múltiples investigaciones por espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos y políticos.
A través de un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), Peña Nieto calificó las versiones como “totalmente falsas y carentes de sustento”, y criticó a los medios que han reproducido la acusación sin, según él, corroborar adecuadamente la veracidad de las afirmaciones.
“Rechazo categóricamente los señalamientos publicados por un medio extranjero y replicados por algunos medios nacionales. No tienen sustento alguno ni fundamento legal o documental que los respalde”, escribió.
Hasta el momento, no se han presentado pruebas públicas que confirmen el supuesto pago, ni existen procesos penales abiertos en México vinculados directamente a este caso. Sin embargo, organizaciones civiles como Artículo 19 y R3D han insistido en la necesidad de reabrir las investigaciones sobre el uso de Pegasus durante el sexenio 2012–2018, dada la nueva información revelada.
La Fiscalía General de la República no ha emitido pronunciamiento oficial al respecto.
El caso se suma a una serie de señalamientos por presunta corrupción que han rodeado al exmandatario, quien reside en España desde 2019 y mantiene un perfil bajo. Aunque ha sido investigado en años recientes por posibles delitos financieros, hasta ahora no ha enfrentado cargos formales ante la justicia mexicana.
Con esta nueva revelación, el debate sobre el uso político del espionaje en México y la falta de consecuencias judiciales para exfuncionarios vuelve a cobrar fuerza en el ámbito público.