Ciudad de México, 25 de junio de 2025 — Las relaciones entre México y Estados Unidos atraviesan un momento delicado tras las declaraciones de la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, quien calificó como “enemigos extranjeros” a presuntos integrantes de cárteles del narcotráfico y a ciertos migrantes provenientes de México. La declaración se dio en el contexto de una ofensiva jurídica y política del gobierno de Donald Trump para endurecer su política migratoria y de seguridad nacional.
Durante una entrevista televisiva, Bondi afirmó que “estos terroristas son enemigos extranjeros de nuestro país, y seguiremos deportándolos”, haciendo alusión al reciente fallo de la Corte Suprema que avala el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) para justificar detenciones y deportaciones aceleradas.
Esta ley, promulgada en 1798, permite al Ejecutivo actuar contra ciudadanos de países considerados hostiles durante tiempos de guerra. Aunque históricamente se ha aplicado en contextos bélicos, la actual administración ha reinterpretado su alcance para incluir a personas señaladas como amenazas provenientes de organizaciones criminales extranjeras, incluyendo a individuos de nacionalidad mexicana.
La medida ha generado preocupación en el gobierno de México, particularmente por su impacto potencial en comunidades migrantes y por el precedente que sienta al asociar a ciudadanos mexicanos con figuras de enemistad estatal.
A esto se suma la presión ejercida por la Casa Blanca sobre el gobierno mexicano para que investigue y procese a políticos presuntamente vinculados con el narcotráfico. Según un reporte reciente de Reuters, funcionarios estadounidenses han advertido que, de no tomarse medidas, podrían imponerse restricciones comerciales y diplomáticas.
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que “esto no puede ser una oportunidad para que Estados Unidos invada nuestra soberanía… jamás toleraremos invasiones”, reafirmando su rechazo a cualquier intento de intervención unilateral por parte de Washington.
Especialistas advierten que la retórica empleada por la fiscal general no solo eleva la tensión entre ambos países, sino que podría tener consecuencias concretas en materia de cooperación en seguridad, comercio y política migratoria. Analistas legales también han cuestionado la constitucionalidad de aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros en tiempos de paz y sin una declaración formal de guerra.
México evalúa actualmente las implicaciones jurídicas y diplomáticas de esta nueva postura, en defensa de la soberanía nacional y los derechos de sus ciudadanos.