Grupo Salinas condena fallo que lo obliga a pagar 2 mmdp por ISR

Ciudad de México, 20 de junio de 2025. — Después de una batalla legal de cinco años, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió por unanimidad que Grupo Elektra, empresa propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, deberá pagar cerca de 2 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la omisión en el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

Durante la sesión ordinaria del jueves 19 de junio, los magistrados Ana María Ibarra Olguín, Yaremy Patricia Penagos Ruiz y Alfredo Enrique Báez López rechazaron los últimos intentos de la compañía por frenar el fallo, tras considerar que los escritos presentados de último momento no aportaban elementos nuevos y tenían como único fin dilatar el proceso.

La resolución, que se suma a una serie de litigios que mantiene Salinas Pliego contra decisiones del fisco federal, representa uno de los reveses judiciales más significativos para el conglomerado en los últimos años.

Grupo Salinas: «La justicia está sometida a intereses políticos»

Tras conocerse la resolución, Grupo Salinas calificó la decisión del tribunal como ilegal y sesgada, y denunció lo que considera una “instrumentalización política” del sistema de justicia. En un comunicado, la empresa aseguró que la sentencia viola el debido proceso, omite elementos claves de la legislación fiscal vigente en 2012 y evidencia un patrón de alineación del Poder Judicial con los intereses del SAT.

“El sesgo del tribunal confirma un patrón alarmante: aún con pruebas claras de ilegalidad, la postura que prevalece es favorecer al SAT, legitimando cobros abusivos y arbitrarios”, señala el pronunciamiento. Además, la compañía acusa a los magistrados de ignorar impedimentos procesales debidamente planteados, lo que, según afirman, debió implicar la remisión del caso a otro tribunal.

Grupo Salinas también vinculó esta resolución con lo que llamó una “farsa electoral judicial”, asegurando que las resoluciones en su contra están motivadas por presiones políticas, no por criterios estrictamente legales.

Posibilidad de acudir a la Suprema Corte

Pese al revés, Elektra aún tiene la opción de solicitar la revisión del fallo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque esta solo podría proceder si se acredita que el caso tiene relevancia constitucional. En caso de ser admitido, el asunto pasaría a ser resuelto por la nueva integración del máximo tribunal, que entrará en funciones el próximo 1 de septiembre.

Este caso pone nuevamente bajo la lupa la relación entre grandes corporativos y el fisco mexicano, así como las tensiones entre el sector empresarial y el aparato judicial del país en medio de un contexto marcado por cuestionamientos a la independencia del Poder Judicial.