Una protesta en la que decenas de mujeres víctimas de violencia vicaria pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer un caso con el que se busca que los ministros modifiquen criterios en la materia, con el fin de obligar al Estado mexicano a proteger a las madres y a sus hijos que sufren ese tipo de maltrato.

El contingente, conformado por cerca de 100 mujeres vestidas de novia, se concentró en la estación de metro Chabacano, de la línea 2. Las manifestantes utilizaron ese medio de transporte para dirigirse a la estación Pino Suárez. Posteriormente, el colectivo y sus simpatizantes arribaron a la SCJN alrededor de las 11 de la mañana con la intención de entregar el recurso Amicus Curiae, documento elaborado bajo supervisión del Colegio Nacional de Trabajadores Sociales, con objeto de establecer nuevos criterios para evitar que la ley pueda ser utilizada contra las víctimas durante los litigios en materia familiar.

Durante la protesta a las afueras de la SCJN, la vocera del colectivo “Caso 992″, Ingrid Tapia, pidió que no se criminalice a las mujeres por resguardar la integridad de sus hijos y afirmó que están hartas de la persecución.

“Llevamos marchado ocho años; pedimos a la Suprema Corte la modificación de diversos criterios, el más importante de todos, que se reconozca el derecho de toda madre de poner a salvo a sus hijos y ponerse a salvo a sí misma. Nos parece gravísimo que haya criterios e interpretaciones de nuestro máximo tribunal que penalicen y castiguen a las mujeres por poner a salvo a sus propios hijos; el despropósito, el desacierto de ese criterio ha costado la vida de 88 mil niños”, lamentó.

En 16 años, Tapia, abogada de profesión, ha enfrentado múltiples obstáculos para obtener el cumplimiento de la pensión alimenticia por parte de su exesposo, quien ha utilizado su posición como funcionario público para evadir responsabilidades legales.

Esta situación la motivó a fundar el colectivo “Caso 992″, cuyo objetivo es sensibilizar y presionar a las autoridades para que adopten medidas más efectivas en la protección de mujeres y niños víctimas de violencia vicaria y para garantizar que los deudores alimentarios cumplan con sus obligaciones.

El objetivo del «Colectivo 992» es sensibilizar y presionar a las autoridades para que adopten medidas más efectivas en la protección de mujeres y niños víctimas de violencia vicaria. (Cuartoscuro)

La violencia vicaria se define como una forma de violencia ejercida por una persona con la que una mujer tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato o hecho, con el objetivo de causarle daño o sufrimiento. Este tipo de violencia busca separarla de sus hijos e hijas y genera un desapego en el vínculo materno-filial, utilizando diversos medios violentos.

Comete violencia vicaria quien sustrae, retiene, oculta, maltrata, amenaza, o pone en peligro la integridad física o emocional de los hijos e hijas de la mujer. También se incluye el uso de violencia psicológica, económica, sexual o física. Además, quien interponte procedimientos judiciales falsos o realice acciones procesales dilatorias con la intención de impedir la convivencia o la guarda y custodia de los menores, también incurre en este tipo de violencia.

Estas acciones buscan dominar, manipular, controlar y agredir de diversas formas a las mujeres, con consecuencias tan graves como la provocación de suicidios, feminicidios u homicidios por parte de las madres o de sus hijos.

La violencia vicaria es una de las formas más crueles de violencia de género, ya que no sólo afecta a las mujeres, sino también a los menores de edad, generando daños profundos en el núcleo familiar.