En respuesta al alarmante incremento de crímenes de odio, el Congreso del Estado de Oaxaca discute una propuesta para tipificar el transfeminicidio como un delito específico en el Código Penal local. La iniciativa fue presentada por la diputada Magaly López Domínguez y busca castigar con penas de 50 a 60 años de prisión los asesinatos motivados por odio hacia mujeres trans, basados en su identidad de género.
El transfeminicidio sería definido como la privación de la vida de una mujer trans por razones de género, en un contexto de violencia y discriminación sistémica. Según la diputada, este tipo de delitos se encuentra invisibilizado en las leyes actuales, lo que deja a las víctimas en un estado de desprotección legal y perpetúa la impunidad en estos casos.
De acuerdo con cifras de la organización Letra S, especializada en el registro de violencia contra la comunidad LGBTIQ+, en México se registraron al menos 31 crímenes de odio por prejuicio hasta mayo de 2024, de los cuales 28 fueron cometidos contra mujeres trans. Oaxaca ocupa un lugar preocupante en las estadísticas nacionales al ser uno de los estados con mayor número de casos.
Además, informes de colectivos trans y defensores de derechos humanos destacan que muchas víctimas enfrentan una doble discriminación: por ser mujeres y por ser trans, lo que aumenta la saña en los ataques. Pese a que Oaxaca ha avanzado en el reconocimiento de derechos como el matrimonio igualitario y el cambio de identidad de género en documentos oficiales, los actos de violencia extrema hacia esta comunidad siguen siendo una problemática crítica.
Con la propuesta, se busca no solo endurecer las penas, sino también visibilizar este fenómeno como un problema social grave que requiere atención urgente. La tipificación del transfeminicidio permitiría a las autoridades locales investigar y sancionar los crímenes de odio con perspectiva de género, evitando que estos se clasifiquen únicamente como homicidios comunes y garantizando un proceso más justo para las familias de las víctimas.
Organizaciones civiles como Colectivo Tilias, así como activistas independientes, han mostrado su respaldo a esta iniciativa, señalando que es un paso necesario para erradicar la impunidad. Sin embargo, también advierten que no basta con legislar, sino que se deben implementar políticas públicas que fomenten la inclusión, la sensibilización social y la prevención de la violencia contra las personas trans.
El Congreso de Oaxaca continuará la discusión en las próximas semanas, en un contexto donde la comunidad LGBTIQ+ exige medidas urgentes para proteger su vida y dignidad en un estado que históricamente ha sido escenario de altos índices de violencia de género.