Uno de esos despojos, revelan, se realiza desde el mismo gobierno federal a través de asambleas comunitarias “amañadas” y la compra de su territorio a precios por metro cuadrado de tierra que apenases alcanzaría para comprar un kilo de tortillas; el otro, es orquestado por grupos criminales encabezados – aseguran – por ex autoridades agrarias, quienes con violencia, amenazas de muerte y armas de uso exclusivo del ejército, los despojan de sus tierras.

El despojo institucional

Alberto Jiménez García es un comunero de la comunidad mixteca de Santa María Mixtequilla, a quien el Registro Agrario Nacional (RAN) le reconoce la propiedad o posesión de 10 hectáreas de tierra que se encuentran dentro de la zona en el que se construirá el parque industrial más grande de los que se establecerán en la región del Istmo como parte del CIIT.

Durante la expropiación de tierras por el gobierno federal, únicamente le pagaron dos hectáreas y media. Pese al reconocimiento de las autoridades agrarias, diálogo con las autoridades de su comunidad y los escritos dirigidos al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no ha encontrado justicia frente al despojo de 6.5 hectáreas del que es víctima. 

Como Alberto Jiménez, otros 18 comuneros son víctimas de este tipo despojo, en el que sólo les pagaron una parte de la totalidad de sus tierras.

Pero no es la única denuncia que realizan. El gobierno federal compró cada hectárea a 260 mil pesos, es decir, a 26 pesos el metro cuadrado. “Lo mismo que cuesta un kilo de tortillas”, afirma un grupo de comuneros de Santa María Mixtequilla. En la región, el kilo de tortillas oscila entre los 24 y 25 pesos en la región.

En esta población mixteca del Istmo de Tehuantepec, el gobierno de López Obrador expropió bajo la autorización de la asamblea comunal y del pueblo en general de Mixtequilla, 502 hectáreas de sus tierras para la construcción de uno de sus parques industriales. De esas tierras, 132 hectáreas eran parcelarias, es decir, estaban dedicadas a la siembra, y 370 hectáreas eran de uso común.

Ricardo Vargas Ruiz, comunero de Santa María Mixtequilla, explica que el gobierno federal pagó en total 132 millones de pesos. De ese recurso, una parte se pagaría a los comuneros propietarios de las tierras parceladas a un costo de 260 mil pesos por hectárea; el resto del dinero, se pagaría a las autoridades agrarias por las tierras de uso común.

Esto, finalmente, también causó división en la población. Para la mayoría de los habitantes de la comunidad, que no son comuneros, también deben participar de las utilidades de la venta de esas tierras de uso común. En particular, reclaman un derecho a partir en las decisiones sobre la manera en qué se ejercerán esos recursos en la comunidad.

Sin embargo, las autoridades agrarias se han negado a ello. Esto provocó que desde hace más de tres meses, las oficinas comunales de Santa María Mixtequilla, por un grupo de ciudadanos y comuneros de la población.

“Llegamos a la conclusión de que teníamos un argumento legal de participar en la asamblea de comuneros y pobladores, no sabemos si es legal o no, o que lo contemple la ley agraria, pero aquí ya se hizo legal cuando en el pueblo y los comuneros tomaron la decisión de aceptar el polo de desarrollo y por ese argumento es que nos manifestamos”, sostiene Ricardo Vargas.

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