A unos días de la llegada de la caravana migrante por territorio estatal, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió una Alerta Temprana en la que solicitó a autoridades oaxaqueñas y federales la adopción de medidas necesarias tendientes a “salvaguardar la integridad, dignidad y derechos humanos de las personas migrantes”.

Esta medida del organismo autónomo, además, busca también salvaguardar los derechos de las personas que habitan las comunidades por las que avance la caravana, denominada Viacrucis Migrante, que está integrada aproximadamente por 3 mil personas de distintas naciones de Centroamérica.

La caravana migrante salió el 22 de abril de este año del parque Bicentenario en Tapachula, Chiapas, con dirección a la Ciudad de México, a fin de solicitar mayor agilidad en el trámite de sus documentos humanitarios para poder avanzar en su camino a los Estados Unidos.

El organismo defensor indicó que las personas migrantes se ven obligadas a abandonar sus hogares y lugares a causa de pobreza, violencia generalizada, discriminación, desigualdad y a fin de buscar mejores condiciones de vida.  Ante este contexto, la Defensoría indicó que “quienes integran la caravana migrante son personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y requieren una protección acorde a su condición”.

Ante ello, recordó que es obligación del Estado cumplir con lo establecido en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual indica que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas”. 

Para ello, acotó la defensoría, se debe tomar en cuenta que existen diversos derechos a considerar, como el derecho a vida, a la libertad, a la integridad física y psicológica, a la salud, a la alimentación, así como los derechos de la niñez y de las personas adultas mayores, entre otros.

Por ello, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca instó a todas las instituciones y dependencias del Gobierno del estado de Oaxaca, así como aquellas del orden federal que tengan participación en el asunto, para que en el ámbito de su competencia “establezcan los mecanismos adecuados de coordinación y atención, a fin de garantizar los derechos humanos de las personas que integran la caravana migrante”.