El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) acreditó la violencia política en razón de género, cometida por el presidente municipal de Santiago Chazumba, Efraín Bautista García, en contra de concejalas de esa localidad.

Los juicios ciudadanos fueron promovidos por la Síndica Municipal, Dalia Morales Terán, la Regidora de Obras, María Guadalupe López Ibarra, y la Regidora de Salud, Karla Carreón Olivera, los cuales fueron publicados de igual forma en los estrados del Ayuntamiento para que fueran ampliamente conocidos por todos los ciudadanos.

Fue por unanimidad de la magistrada presidenta, el magistrado y la secretaria de estudio y cuenta en funciones de magistrada como se resolvieron los juicios ciudadanos: JDC/645/2022 y su acumulado JDC/28/2022.

En el expediente, se estableció que el municipe, de manera sistemática, ha obstaculizado el ejercicio del cargo de las concejales, desde de que contaban con la calidad de electas y, posterior a su toma de protesta, al quedar evidenciado que no las convocó de manera correcta al proceso de entrega-recepción del Ayuntamiento y a las sesiones de Cabildo.

Además, no garantizó que este grupo de mujeres ingresaran libremente a las oficinas del Ayuntamiento, ni haber proporcionado la documentación necesaria para la acreditación ante la Secretaría General de Gobierno. Y se documentó que se les solicitó sus renuncias mediante coacción.

Así mismo, el TEEO determinó que, no fue conforme a derecho, que el Ayuntamiento revocara de sus cargos a las actoras, sin previa determinación del Congreso del Estado, al resultar inconstitucional la parte final del artículo 85 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

Advirtió que los argumentos expresados, en este caso, por el presidente municipal fueron insuficientes para desvirtuar la veracidad con que goza el dicho de las actoras.

Por lo tanto, el TEEO pidió restituir a las concejales en el ejercicio de sus derechos político -electorales, así como, dictó medidas de reparación integral, entre ellas, inscribirlo en el registro de violentadores políticos.