“Habrá seguridad en cada hospital y clínica de la zona rural, ya sea policías municipales, policía estatal, Guardia Nacional o el Ejército Mexicano” informó el gobernador del estado José Rosas Aispuro en conferencia de prensa, luego de las protestas por el asesinato del médico pasante Erick Andrade este fin de semana en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango, además señaló que se harán gestiones para la desaparición del servicio social comunitario para los médicos.

El mandatario Estatal duranguense detalló que ya se ordenó verificar que ninguna persona ingrese a los centros de salud u hospitales con alguna arma de fuego o arma blanca.

El Secretario de Salud en el Estado, Sergio González Romero, dijo que con el retiro de los pasantes de los centros hospitalarios, se deja un vacío preocupante en la prestación de servicios médicos, por lo que se busca hacer una reingeniería para no dejar de atender a la población en las comunidades más alejadas.

Sumando los pasantes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la Secretaría de Salud, SEDENA y de las universidades que tienen la carrera, se calculan 500 médicos que dejaron los hospitales y clínicas rurales.

Cientos de paseantes salieron en una marcha silenciosa a las calles de la ciudad y a recorrer algunas instituciones de salud para exigir la abolición del servicio social comunitario, práctica que consideran de alto riesgo.

En el mensaje difundido exponen que la seguridad y las condiciones para realizar las prácticas médicas han mermado, y “se carece de un plan para evitar desafortunados hechos como los sucedidos con el doctor Eric. Este hecho es uno más de muchos, que preocupantemente, se presenta cada día con mayor frecuencia”.

“No permitiremos que se sigan vulnerando nuestros derechos, ni que estudiar medicina represente un riesgo para nuestra vida”, refrendaron.

El gobernador de Durango adelantó que se habrán de hacer gestiones con el aparato Federal para eliminar el servicio social comunitario, sobre todo en aquellas zonas de riesgo.

“Ese es un tema establecido en una norma Federal así es que tendríamos que tocar puertas, hacer las gestiones con esta instancia para ver hasta donde es posible”, dijo al resaltar que es una inquietud que se ha presentado en varias partes del país, y dónde ahora se da el caso en Durango.