Cerca de 450 comuneros de San Miguel Chimalapa ingresan a Díaz Ordaz entre tensión y fuerte despliegue de seguridad

Alrededor de 450 comuneros de San Miguel Chimalapa se movilizaron este viernes hacia el ejido Gustavo Díaz Ordaz, en la zona limítrofe con Chiapas, al vencer el plazo que habían otorgado a sus habitantes para definir si se incorporan al régimen comunal zoque. La caravana avanzó acompañada por autoridades de Oaxaca, representantes federales y organismos de derechos humanos, mientras fuerzas de seguridad de Chiapas, la Guardia Nacional y el Ejército mantenían presencia en la zona. Pese al escenario de tensión, la comitiva logró ingresar durante la tarde y, hasta el último reporte disponible, no se habían registrado enfrentamientos.

Regiones de Oaxaca | 4 de septiembre de 2026

Comuneros avanzaron hacia Gustavo Díaz Ordaz

Desde las primeras horas de este viernes, decenas de vehículos trasladaron a comuneros de San Miguel Chimalapa hacia Gustavo Díaz Ordaz, asentamiento involucrado desde hace décadas en una compleja disputa territorial y agraria entre poblaciones de Oaxaca y Chiapas.

Aunque previamente se había anunciado la participación de aproximadamente 500 personas —y algunos reportes llegaron a calcular hasta 600—, durante el recorrido se contabilizaron alrededor de 450 comuneros.

La movilización fue encabezada por autoridades comunales y estuvo acompañada por representantes del Gobierno de Oaxaca y visitadores de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

En El Jícaro, punto de acceso hacia la zona montañosa, se incorporaron funcionarios estatales, entre ellos personal encargado de la política de conciliación y paz social.

Venció el plazo dado por San Miguel Chimalapa

La movilización ocurre después de que la Asamblea General de San Miguel Chimalapa fijara un plazo de 30 días a los habitantes de Gustavo Díaz Ordaz para definir su situación.

La propuesta de los comuneros zoques consiste en que quienes viven en el ejido puedan mantener sus viviendas y tierras de trabajo, pero reconozcan que se encuentran dentro del territorio comunal de San Miguel Chimalapa y se incorporen a su estatuto.

El planteamiento también ha sido extendido a los asentamientos Rodulfo Figueroa, Ramón E. Balboa y Flor de Chiapas.

Las autoridades comunales han insistido en que su intención es realizar una restitución por la vía pacífica y continuar un proceso de conciliación directa entre las comunidades.

Del otro lado, habitantes de los ejidos han defendido los derechos agrarios que aseguran les fueron reconocidos mediante resoluciones presidenciales y han rechazado la posibilidad de ser desalojados o perder su régimen ejidal.

Chiapas desplegó fuerzas especiales ante el riesgo de confrontación

La tensión aumentó durante la madrugada con el ingreso de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, perteneciente a Chiapas, al área de Gustavo Díaz Ordaz.

También se reportó presencia de la Guardia Nacional y del Ejército.

El Gobierno de Chiapas había advertido previamente que mantendría fuerzas de seguridad en la región para evitar enfrentamientos y sostuvo que no permitiría actos de violencia ni desalojos realizados fuera de los procedimientos legales.

Habitantes de distintas comunidades de la zona noroeste de Cintalapa también se movilizaron durante los días previos para solicitar la intervención de los gobiernos y exigir garantías de que no serían desplazados.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas pidió especial protección para niñas, niños, adultos mayores y otros habitantes vulnerables ante cualquier posible escalamiento del conflicto.

Oaxaca y autoridades federales acompañaron el ingreso

Del lado oaxaqueño, el Gobierno estatal desplegó funcionarios y personal de seguridad con el objetivo de acompañar la movilización y evitar una confrontación.

En la zona participaron representantes de la Secretaría de Gobernación federal, la Secretaría de Gobierno de Oaxaca, la Junta de Conciliación Agraria, cuerpos de seguridad y organismos de derechos humanos.

Durante la tarde, la comitiva de San Miguel Chimalapa consiguió ingresar a Gustavo Díaz Ordaz.

Hasta ese momento no se reportaban agresiones ni enfrentamientos entre los comuneros, habitantes del ejido o cuerpos de seguridad.

El propósito inmediato era conocer formalmente la postura de los pobladores de Díaz Ordaz después del vencimiento del plazo y mantener abierta la posibilidad de una negociación.

Lo que realmente resolvió la Suprema Corte

Una parte fundamental del conflicto se remonta a la Controversia Constitucional 121/2012, resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre de 2021.

El máximo tribunal estableció la línea limítrofe que debe regir entre Oaxaca y Chiapas y determinó que una porción territorial que Chiapas había incorporado al municipio de Belisario Domínguez se encontraba fuera de los límites de esa entidad.

Sin embargo, existe una precisión importante: la sentencia sobre los límites estatales no anuló automáticamente los derechos agrarios previamente reconocidos a ejidos o comunidades.

En los efectos de su resolución, la propia Suprema Corte estableció expresamente que su determinación no debía extenderse a resoluciones de autoridades federales o locales mediante las cuales se hubieran reconocido o generado derechos agrarios.

Por eso, aunque la controversia constitucional resolvió la frontera entre Oaxaca y Chiapas, los problemas sobre propiedad, posesión y régimen de las tierras no quedaron automáticamente solucionados.

Esta diferencia entre límites políticos y derechos agrarios explica por qué, casi cinco años después del fallo, comunidades de ambos lados continúan enfrentadas por la manera en que deberá regularizarse la zona.

Sin enfrentamientos, pero el conflicto permanece abierto

Hasta la tarde de este viernes, el escenario de mayor riesgo —un enfrentamiento entre comuneros, habitantes de Díaz Ordaz y fuerzas de seguridad— no se había materializado.

Sin embargo, el ingreso de los comuneros no significa que la disputa haya terminado ni que se haya concretado jurídicamente la disolución del ejido.

La Procuraduría Agraria había planteado la instalación de una nueva mesa de trabajo para el lunes 7 de septiembre, mientras los gobiernos involucrados mantienen comunicación para intentar encauzar el conflicto por vías institucionales.

La situación permanece, por tanto, en desarrollo.