
A poco más de un mes de que el gobernador Salomón Jara Cruz prometiera dejar de confrontar a la prensa tras el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar, el consejero jurídico del gobierno de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, arremetió este lunes contra Juan Carlos Zavala, director del portal Estado20, durante la conferencia mañanera. La reacción del funcionario ocurrió después de que una reportera le preguntara sobre un reportaje que documenta una investigación de la Fiscalía General del Estado contra funcionarios del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca (Ifreo), dependencia a su cargo, por su presunta relación con una red dedicada al despojo de propiedades.
Política | 18 de agosto de 2026
Qué pasó en la mañanera de este lunes
Durante la conferencia matutina, una reportera cuestionó a Vásquez Sagrero sobre el reportaje de Estado20 que señala la existencia de una carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción contra funcionarios del Ifreo. Sin que se le atribuyera al propio consejero jurídico algún acto de corrupción, este respondió cuestionando el trabajo periodístico de Zavala y remarcó que, según dijo, una de las premisas del oficio es siempre buscar también al funcionario señalado para que dé su versión de los hechos. Para Zavala, el señalamiento del funcionario no fue más que un intento de intimidación, pues aclaró que el reportaje se basó en documentos oficiales y en entrevistas tanto con víctimas como con la propia Fiscalía General del Estado, por lo que rechazó que se tratara de una invención.
El reportaje que originó la respuesta
De acuerdo con Estado20, la investigación contra funcionarios del Ifreo se abrió bajo el número de carpeta FEMCCO 375/2026 por los presuntos delitos de tráfico de influencias, relacionados con una red señalada públicamente como «Cártel del Despojo», que operaría mediante la falsificación de documentos para despojar a personas de sus propiedades. El medio documentó, entre otros casos, el desalojo violento de una mujer de 76 años de su vivienda en el centro histórico de la capital oaxaqueña, presuntamente a manos de un grupo de hombres que la sacó por la fuerza junto con sus nietos. El propio gobernador Jara fue cuestionado en semanas recientes sobre la presunta protección que su consejero jurídico brindaría a esta red, pregunta ante la cual respondió de manera escueta, mientras que Vásquez Sagrero ha negado públicamente las acusaciones en su contra.
Un antecedente que pesa: el asesinato de Alejandro Leyva
El episodio ocurre a menos de un mes del homicidio de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, periodista independiente y exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv), autor de la columna «El Zumbido del Moscardón» y férreo crítico del gobierno estatal. Leyva Aguilar fue atacado a balazos la mañana del 22 de julio mientras desayunaba en un puesto de comida en el Fraccionamiento La Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla; murió en el lugar y hasta ahora no se han reportado detenciones ni identificado a un responsable. Un año antes de su muerte, el periodista había presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra el propio gobernador Jara, el secretario de Gobierno Jesús Romero López y el consejero jurídico Vásquez Sagrero, a quienes responsabilizó de las amenazas que recibía por su labor periodística; ninguno de los tres ha sido acusado formalmente en relación con el homicidio.
La organización ARTICLE 19 documentó que, en las seis semanas previas al asesinato de Leyva, se habían registrado otros cuatro homicidios de periodistas en el país, mientras que Reporteros Sin Fronteras contabilizó su muerte como el séptimo asesinato de un comunicador en México durante 2026. Tras el crimen, Jara condenó el ataque y se comprometió ante periodistas oaxaqueños a no volver a confrontarse con la prensa, promesa que este lunes quedó rota con el señalamiento de su consejero jurídico contra Zavala.
Hasta el cierre de esta nota, ninguna autoridad ha presentado pruebas públicas que acrediten la presunta relación entre funcionarios del Ifreo y la red conocida como «Cártel del Despojo», por lo que dicha investigación continúa en curso. El homicidio de Alejandro Leyva Aguilar tampoco ha sido esclarecido. Conforme al artículo 20 de la Constitución mexicana, toda persona debe presumirse inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por un juez.
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