Con 75 votos a favor y 36 en contra, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley de Vivienda que transforma radicalmente el papel del Estado en materia habitacional. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de Vivienda del ISSSTE (Fovissste) dejarán de operar exclusivamente como organismos de crédito hipotecario para convertirse también en constructores y arrendadores de vivienda, utilizando los recursos acumulados en los fondos de ahorro de los trabajadores. El dictamen, que ya fue remitido al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es reglamentario de la reforma constitucional aprobada en 2024 durante la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, y fija como meta la edificación de 1.8 millones de viviendas en el sexenio.
Nacional
27 de abril de 2026
De prestamistas a constructores: qué cambia con la reforma
Hasta ahora, el Infonavit y el Fovissste operaban principalmente como intermediarios financieros: recibían las aportaciones obligatorias de los empleadores y otorgaban créditos individuales para que los trabajadores adquirieran vivienda en el mercado privado. Con la reforma aprobada el 22 de abril, esa restricción desaparece.
La modificación central recae en los artículos 48 y 56 de la Ley de Vivienda. El primero amplía el catálogo de inversiones permitidas para dependencias e instituciones públicas, incluyendo la construcción, demolición y rehabilitación de inmuebles. El segundo otorga al Infonavit y al Fovissste facultades explícitas para adquirir predios, urbanizar terrenos, edificar, demoler, rehabilitar y arrendar viviendas directamente, utilizando los recursos de sus fondos. El texto legal establece que todas esas operaciones deberán contar con la autorización del órgano de gobierno de cada organismo y enmarcarse en los programas oficiales de vivienda vigentes.
La reforma también sustituye el concepto de «vivienda digna y decorosa» por el de «vivienda adecuada», en línea con los estándares de las Naciones Unidas. Esta nueva definición incorpora criterios de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, seguridad jurídica en la tenencia, disponibilidad de servicios básicos y ubicación estratégica. Además, abre la posibilidad de que accedan a los beneficios personas que no hayan cotizado en el Infonavit ni en el Fovissste, como trabajadores independientes o de la economía informal.
El fondo que respalda la operación: más de un billón de pesos
El volumen financiero que sustenta la reforma es considerable. Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit y exdirector de Pemex, confirmó que el Fondo de Apoyo a las Necesidades de Vivienda de los Trabajadores (Fanvit) superó 1 billón 046 mil millones de pesos, un incremento que atribuye directamente al aumento sostenido del salario mínimo en los últimos años, ya que las aportaciones de los empleadores al instituto son proporcionales al ingreso del trabajador.
El bloque oficialista en el Senado subrayó que la reforma no implica gasto adicional del Presupuesto de Egresos de la Federación. Esta afirmación es técnicamente precisa en lo que respecta a los recursos fiscales de la Secretaría de Hacienda, pero críticos señalan que omite un elemento central: la liquidez con la que se financiarán las obras provendrá directamente de las subcuentas individuales de los trabajadores, no de la recaudación tributaria.
El debate en el Senado: entre la justicia habitacional y el riesgo al ahorro
El proceso legislativo estuvo marcado por un intenso intercambio entre la bancada de Morena y sus aliados, por un lado, y las oposiciones del PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, por el otro.
Desde el oficialismo, el senador Gerardo Fernández Noroña (PT) acusó a la oposición de haber permitido que el ahorro de los trabajadores se canalizara durante décadas hacia constructoras privadas, generando viviendas deficientes y créditos impagables. El senador Manuel Huerta recordó que en dos décadas de administraciones opositoras se dejaron seis millones de viviendas abandonadas y varias constructoras en quiebra. La senadora del PVEM María del Rocío Corona Nakamura aseguró que la reforma elimina el modelo de las llamadas «viviendas huevito» y fija la meta de 1.8 millones de nuevos hogares en el sexenio.
En el bando contrario, el panista Francisco Javier Ramírez Acuña advirtió que el dictamen otorga al Infonavit y al Fovissste facultades amplísimas sin candados suficientes, con disposiciones que considera ambiguas en materia de protección patrimonial. La senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, señaló que la reforma habilita al gobierno para disponer de fondos que no le pertenecen, poniendo en riesgo cerca de 286 mil millones de pesos correspondientes a los ahorros de empleados del Estado —maestros, policías, bomberos y médicos— que cotizan en el Fovissste. La senadora priísta Mely Romero Celis calificó la medida como un posible «huachicol de la vivienda» y cuestionó que al frente del Infonavit esté Octavio Romero Oropeza, exdirector de Pemex, una empresa que acumuló contratos polémicos durante su gestión.
Las preguntas que la ley deja abiertas
Más allá del debate ideológico, analistas y legisladores de oposición coinciden en señalar dos vacíos concretos en el texto aprobado. El primero es la ausencia de reglas claras de licitación y transparencia para la asignación de los contratos de obra, en un esquema que moverá recursos equivalentes al presupuesto completo de varias secretarías de Estado. El segundo es la falta de mecanismos explícitos de rendición de cuentas sobre el rendimiento que recibirán las subcuentas individuales de los trabajadores una vez que sus ahorros sean utilizados como capital de inversión en proyectos de construcción.
La ley establece que las viviendas podrán ser arrendadas y eventualmente vendidas, lo que coloca a las instituciones públicas en posición de decidir tanto dónde se edifica como quién recibe acceso a esas unidades. Para el sector privado de la construcción, la reforma redefine un mercado que moviliza cientos de miles de millones de pesos al año y en el que el Estado pasa de ser árbitro a ser uno de los principales actores.
El Infonavit, que reportó en 2025 la contratación de 319 mil viviendas dentro del programa Vivienda para el Bienestar, enfrenta ahora el reto de demostrar que puede operar como desarrollador inmobiliario a escala masiva sin reproducir los sobrecostos históricamente documentados en la obra pública. Si los números no cuadran al final de los proyectos, el impacto no recaerá en las arcas del gobierno federal, sino en el fondo de retiro que cada trabajador formal espera utilizar o retirar al jubilarse.
Fuentes consultadas: Senado de la República (comunicado oficial); Infobae México; La Jornada; El Siglo de Torreón; Excélsior; El Cronista; Milenio; El Informador; Real Estate Market & Lifestyle; El CEO.