Como Juan Judas Tadeo Vázquez Sánchez fue identificado el hombre que quiso colgarse el letrero de aliado de la lucha de las mujeres durante la marcha del 8M en Tlaxcala, y terminó exhibido por deudor alimentario en agravio de su hijo de nueve años de edad. Pero la realidad va más allá, porque hasta 2025 era parte del programa “Transformando Historias de las Mujeres Tlaxcaltecas Jefas de Familia”, a cargo del DIF estatal.

Sí, un hombre que ha sido confrontado y señalado públicamente por su expareja por no cumplir con la obligación alimentaria para su hijo y ser un padre abandónico es, irónicamente, parte de la estructura de la administración de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, que atiende a mujeres y grupos vulnerables.

Así lo revelan documentos públicos del DIF estatal en poder de TELEDIARIO, donde se constatan las funciones que Vázquez Sánchez ejercía hasta el año pasado.

Juan Judas está adscrito al Departamento de Atención a Población en Situación de Vulnerabilidad, a cargo de Anabel Sánchez Celis, desde donde el Gobierno local implementó dicho proyecto con el programa “Carrusel de Información y Servicios”, el cual tenía el objetivo de “acercar a la población, especialmente a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, la oferta de apoyos, servicios y programas proporcionados por dependencias estatales y federales”.

Juan Judas Tadeo Vázquez Sánchez aparece en el organigrama del DIF estatal de Tlaxcala como responsable de ese programa que tiene como público objetivo la “población vulnerable”.

Su contratación en el servicio público ocurrió a pesar de que, en Tlaxcala, la Ley 3 de 3 contra la Violencia fue aprobada en mayo de 2023, y con ello el estado se convirtió en uno de los primeros en rectificar la minuta constitucional federal que impide a deudores alimentarios, agresores sexuales o violentadores familiares ocupar cargos públicos.

La anterior normativa busca garantizar que quienes aspiran a cargos de elección popular o designación directa no tengan antecedentes de violencia de género o incumplimiento de pensiones.

Un documento del DIF en Tlaxcala muestra a Juan Judas como Jefe de Departamento de Atención a Población vulnerable / Especial
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Esto, porque constituye una forma de violencia de género en agravio de las mujeres, quienes quedan obligadas a sostener solas la crianza de sus hijos, y violencia económica y emocional en contra de los niños, niñas y adolescentes. En el caso de los menores de edad, el incumplimiento del pago de la pensión alimenticia limita su bienestar.

¿Quién es Juan Judas Tadeo Vázquez, deudor alimentario echado de la marcha 8M en Tlaxcala? 
Según su historial curricular, es profesional en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), con fecha de titulación en 2020 y cédula profesional registrada hasta marzo de 2024; esto, de acuerdo con la Constancia de Situación Profesional que expide la SEP y que es un documento público.

Vázquez Sánchez apareció públicamente el pasado domingo durante la marcha del 8M que protagonizaron cientos de mujeres tlaxcaltecas. Caminaba al lado de su pareja, quien lo llevaba atado de manos con una soga mientras él iba con el torso descubierto y consignas pintadas en tinta roja sobre su espalda y pecho: “No machismo” y “Me callo para que ellas hablen”.

Y las mujeres hablaron: frente a la explanada del Palacio de Gobierno una mujer lo confrontó cara a cara y públicamente al asegurar que el hombre es padre de su hijo y que ha evadido el pago de la pensión alimenticia, pese a que el menor de edad ha cumplido nueve años y de que ella ha mantenido una batalla legal en los juzgados.

«Tiene un hijo conmigo. ¿Sabes cuántos años tiene?, nueve. ¿Y sabes cuántos años llevo peleando en juzgado», dijo la mujer, directamente a la nueva pareja del hombre.
«Puto, maricón», refutaron las empoderadas mujeres que se sumaron a la marcha, quienes segundos después lo expulsaron del movimiento.

La escena fue filmada por otras mujeres y compartida en redes sociales donde rápidamente se hizo viral.

El político tlaxcalteca Miguel Angel Covarrubias usó los mismos medios digitales para identificar al supuesto aliado de los movimientos feministas y reveló que tiene una denuncia precisamente por deudor alimentario, con el expediente 09/2022.

Sostuvo que se vale de argucias legales para evadir la justicia y no pagar la pensión alimenticia a la que tiene derecho su hijo.

Profesional de Transparencia y Rendición de Cuentas
Juan Judas Tadeo también formó parte de la estructura del Ayuntamiento de Yauhquemehcan durante la administración de la alcaldesa de Morena, María Anita Chamorro Badillo, donde trabajó hasta 2023.

Era el coordinador de Transparencia en la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento tlaxcalteca, y según la declaración patrimonial que presentó en su momento ante la Plataforma Digital del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, documento público con folio 1823829-2-2026974, obtuvo una remuneración neta de 137 mil 977 pesos anuales solo por sus funciones burocráticas. En el apartado de “Otros ingresos” reportó cero pesos por cualquier otra fuente entre actividad empresarial, financiera, profesional, enajenación de bienes u otros.

Además, ha ocupado otros cargos públicos como auxiliar administrativo en la Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Chiautempan, de 2017 a 2019, y jefe de departamento en la Dirección Jurídica de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, de 2019 a 2021; es decir, durante la administración del exgobernador Marco Antonio Mena.

De acuerdo con documentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el incumplimiento de la pensión alimenticia constituye una forma de violencia económica por parte de los progenitores en agravio de sus hijos, y puede acreditarse, incluso, si el padre o la madre hubieran cumplido con el pago de manera temporal.

Es un delito que puede castigarse con penas de prisión y multas al ser una obligación legal, y el incumplimiento injustificado puede llevar a la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y a la responsabilidad penal.

También, según resoluciones del máximo tribunal del país, no cumplir con la pensión alimenticia constituye “violencia familiar en su vertiente de violencia psicoemocional, ante la existencia de una denuncia penal entre progenitores, aun cuando en el procedimiento penal se absuelva a la parte inculpada, pues la sola presentación de la denuncia evidencia una ruptura de la armonía familiar”.