Ciudad de México, 5 de marzo de 2026.

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) advirtieron sobre posibles riesgos para la protección del padrón electoral y la lista nominal tras la contratación de empresas para la producción de credenciales para votar con fotografía durante los próximos años.

Durante una sesión del Consejo General del organismo, los consejeros Dania Ravel, Claudia Zavala y Arturo Castillo expresaron preocupación por la decisión administrativa de adjudicar el contrato para la fabricación de 95 millones de credenciales de elector a un consorcio integrado por Cosmocolor, Icards Solutions y Talleres Gráficos de México, este último un organismo descentralizado del gobierno federal.

Los consejeros señalaron que la participación de una entidad vinculada al Ejecutivo federal podría generar tensiones con la autonomía constitucional del instituto y con la percepción de independencia que exige la ciudadanía en la organización de los procesos electorales.

Además, solicitaron mayor claridad sobre los mecanismos mediante los cuales se transferirá y resguardará la información personal de los ciudadanos necesaria para la elaboración de las credenciales, así como el papel específico que desempeñará cada una de las empresas involucradas en el proceso.

El consejero Arturo Castillo indicó que el informe presentado por las áreas técnicas del instituto no detalla suficientemente los tramos de transmisión de datos ni los controles para garantizar que la información del padrón electoral sea utilizada exclusivamente para la producción de las identificaciones oficiales.

En el mismo sentido, Dania Ravel advirtió que, aunque el proceso de contratación se haya realizado mediante procedimientos formales de licitación, la participación de una entidad gubernamental en la fabricación de credenciales podría afectar la percepción pública sobre la independencia del árbitro electoral.

Por su parte, la consejera Claudia Zavala planteó dudas sobre el alcance de las tareas asignadas a cada empresa y sobre las garantías de protección de los datos personales que deberán utilizarse para la impresión y personalización de las credenciales.

Ante los cuestionamientos, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, rechazó que exista un conflicto de interés o que la contratación represente un riesgo para la seguridad del padrón electoral. Aseguró que los mecanismos técnicos del instituto impiden que las empresas tengan acceso o control sobre la lista nominal.

Taddei recordó que desde hace más de una década la producción de credenciales ha involucrado a empresas privadas, incluidas firmas extranjeras, sin que ello haya significado la entrega o transferencia del padrón electoral.

El contrato fue adjudicado en diciembre de 2025 por un monto máximo de mil 75 millones de pesos para producir 95 millones de credenciales entre 2026 y 2031, con un costo unitario estimado de 0.66 dólares (aproximadamente 11.99 pesos) por cada identificación.