Oaxaca, Oax., 3 de marzo de 2026. — Habitantes indígenas de Santa María Chimalapa, en la región del Istmo de Tehuantepec, mantienen retenido desde la tarde del lunes al titular de la Procuraduría Agraria, Víctor Suárez Carrera, como medida de presión ante el reciente fallo agrario que consideraron adverso para su comunidad y en demanda de una mesa de diálogo de alto nivel con la Presidencia de la República.
La retención ocurrió luego de que Suárez Carrera acudiera a la comunidad para participar en una asamblea comunitaria convocada para explicar las consecuencias del fallo emitido por el Tribunal Superior Agrario (TSA), que confirmó la nulidad de los juicios presentados por los comuneros sobre los ejidos Canaán y General Rafael Cal y Mayor. Estas tierras, ubicadas en la zona limítrofe entre Oaxaca y Chiapas, han sido motivo de un conflicto agrario histórico que se arrastra desde décadas atrás.
Los pobladores zoques manifestaron su inconformidad con la resolución, que consideran ignora sus derechos agrarios e indígenas, así como una sentencia de 2021 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que había resuelto a favor de Oaxaca en la disputa territorial con Chiapas. Ante ello, acordaron impedir la salida del funcionario federal y mantenerlo “invitado” en la comunidad hasta que se atiendan sus demandas.
Durante la asamblea, los comuneros fijaron como condición la presencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, y demandaron una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para revisar el fallo agrario y buscar soluciones que tomen en cuenta sus derechos colectivos y la defensa de su territorio ancestral.
El conflicto agrario en Los Chimalapas se ha intensificado por décadas debido a la disputa territorial con ejidos chiapanecos asentados en lo que los comuneros consideran su territorio tradicional, además de presuntas invasiones de ganaderos y tala ilegal en la región, lo que ha generado preocupación por la pérdida de cobertura forestal y el impacto sobre los recursos naturales.
Hasta la publicación de esta nota, las autoridades federales y estatales no habían emitido una postura oficial sobre la retención del procurador agrario.