Ciudad de México, 17 de septiembre de 2025. — Los tres hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador —José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán— interpusieron demandas de amparo en al menos tres entidades federativas, con el objetivo de protegerse frente a posibles órdenes de aprehensión y otros actos privativos de la libertad.
De acuerdo con documentos del Poder Judicial de la Federación, los recursos fueron radicados en los siguientes juzgados:
Zacatecas: El expediente 2098/2025-IV fue admitido en un juzgado de distrito. La jueza concedió suspensión de plano, lo que protege de inmediato a los promoventes contra actos de detención, incomunicación, desaparición forzada, privación de la vida y orden de aprehensión.
Tabasco: En Villahermosa, el Juzgado Primero de Distrito recibió la demanda de amparo bajo el número de expediente 1446/2025-III-9, interpuesta en contra de actos atribuidos a la Fiscalía General del Estado de Tabasco y otras autoridades.
Ciudad de México: En el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa, se radicó otra demanda, tramitada por el abogado Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, en representación de los hermanos López Beltrán y una veintena de personas más.
Los escritos de amparo mencionan como quejosos no solo a los hijos del exmandatario, sino también a personajes como César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios, Miguel Ángel Solano Ruiz, Diana Heleyln Foullon Gómez, Roberto Blanco Cantú y Fernando Farías Laguna, entre otros.
Suspensión inmediata
En el caso de Zacatecas, la jueza ordenó la formación del expediente, su registro y la admisión de la demanda, otorgando la suspensión automática debido a la naturaleza de los actos reclamados. Esta medida implica que ninguna autoridad podrá ejecutar acciones de privación de la libertad en contra de los quejosos mientras se resuelve el fondo del juicio.
Contexto político y legal
La presentación de estos recursos ocurre en un contexto de fuerte presión política sobre la familia López Beltrán. Durante los últimos meses se han multiplicado los señalamientos sobre presuntos conflictos de interés y enriquecimiento ilícito vinculados a contratos públicos y a la relación de cercanos colaboradores del expresidente con empresas privadas.
Aunque los hijos del exmandatario no han ofrecido declaraciones públicas, sus representantes legales han insistido en que las demandas buscan garantizar el respeto al debido proceso y a los derechos humanos, al considerar que existe riesgo de que se emitan órdenes judiciales en su contra sin que se les permita una defensa adecuada.
Antecedentes
No es la primera vez que miembros de la familia del exmandatario enfrentan cuestionamientos legales. En años anteriores, José Ramón López Beltrán fue señalado por el caso conocido como la “Casa Gris” en Houston, mientras que Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán fueron vinculados en investigaciones periodísticas sobre presunto tráfico de influencias en contratos energéticos y de obra pública.
Lo que sigue
Con la admisión de los amparos, los jueces deberán solicitar a las autoridades responsables informes justificados y, posteriormente, fijar fecha para las audiencias constitucionales en las que se decidirá si se concede la protección definitiva de la justicia federal.
Por el momento, la suspensión otorgada impide la ejecución de cualquier orden de captura en contra de los quejosos, lo que asegura que permanecerán en libertad mientras se resuelve el juicio.
Ni el Gobierno Federal ni la Fiscalía General de la República han emitido posicionamiento oficial sobre el caso, lo que incrementa la expectación política en torno a un asunto que podría escalar en los próximos días y convertirse en uno de los temas más delicados del sexenio entrante.