Oaxaca de Juárez, Oax.– En los primeros dos años y medio del gobierno morenista de Salomón Jara Cruz, Oaxaca se ha convertido en un territorio de alto riesgo para las personas defensoras de derechos humanos y las comunidades indígenas. Un informe de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), titulado “Oaxaca entre la criminalización, la violencia y la defensa comunitaria”, reveló que en este periodo se han registrado 32 asesinatos de defensores, 44 agresiones individuales y 70 ataques colectivos contra organizaciones, movimientos y comunidades.

La investigación, presentada en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, señala que el 86% de las personas agredidas pertenecían a pueblos originarios: 35% zapotecos, 17% ayuuk-mixe, 11% triquis, 7% mixtecos, 7% mazatecos y 8% de otros pueblos.

Territorio en disputa

El informe documenta 166 hechos conflictivos entre diciembre de 2022 y mayo de 2025, un promedio de más de uno por semana. Entre los principales focos rojos destacan los conflictos agrarios (44 casos), la imposición del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (42 casos), la operación ilegal de proyectos mineros (22 casos) en Valles Centrales y Sierra Norte, y el despojo de playas para proyectos turísticos en la Costa.

El Istmo de Tehuantepec concentra el 50% de las agresiones y conflictos, lo que lo convierte en el epicentro de la violencia y la criminalización en el estado.

Actores de la violencia

Según Educa, los principales agresores señalados son las autoridades estatales (24.6%), seguidas de los poderes fácticos (22.8%) y de las autoridades federales (21.1%).

El documento advierte sobre la reaparición de grupos de choque como mecanismo de disuasión en protestas contra megaproyectos, marchas comunitarias, movilizaciones de migrantes y hasta manifestaciones de mujeres. Estos grupos, indica el informe, operan en colusión con autoridades locales o estatales y, en ocasiones, con estructuras del crimen organizado.

Criminalización y continuidad de poder

En la presentación del informe, Neftalí Reyes Méndez, coordinador del área de Derechos Territoriales de Educa, aseguró que pese al cambio de partido en el poder, “se mantienen las mismas estructuras políticas de control” en Oaxaca.

“Hay un cambio de personajes, pero se mantiene la misma estrategia de gobernabilidad con el control territorial. Se han intensificado los procesos judiciales contra defensores, con penas desproporcionadas que buscan desalentar la organización comunitaria”, advirtió.

El monitoreo también señala que la política gubernamental actual se caracteriza por la combinación de militarización, criminalización y megaproyectos, lo que profundiza la conflictividad social.

Oaxaca como “prueba piloto”

Para Educa, lo que ocurre en Oaxaca podría anticipar lo que suceda en otras regiones del país con grandes intereses en recursos naturales e infraestructura.

“En lugar de mecanismos de protección, vemos mecanismos de agresión legitimados desde el poder político y acompañados por actores de facto. Oaxaca puede convertirse en la prueba piloto de una estrategia nacional de control territorial basada en megaproyectos y despojo”, concluye el informe.