
Ciudad de México, 19 de agosto de 2025. – Roblox, la popular plataforma de videojuegos en línea con más de 100 millones de usuarios activos, enfrenta una ola de críticas tras prohibir la cuenta de Schlep, un youtuber estadounidense de 22 años que dedicaba su canal a exponer a depredadores sexuales que operaban dentro del juego.
Michael, conocido en internet como Schlep, asegura que comenzó su labor luego de haber sido víctima de grooming en su adolescencia mientras jugaba Roblox. Su canal en YouTube ganó notoriedad al documentar operativos encubiertos que llevaron a la captura de al menos seis presuntos agresores sexuales que utilizaban la plataforma para acercarse a menores de edad.
La empresa, sin embargo, decidió sancionarlo de manera definitiva. En agosto le envió una carta de cese y desistimiento en la que lo acusó de realizar “simulaciones de peligro infantil” y de compartir información fuera de los canales oficiales de denuncia, acciones que –según Roblox– ponían en riesgo tanto a la comunidad como a los sistemas de seguridad internos.
El veto desató una reacción inmediata. Miles de usuarios y creadores iniciaron la campaña #FreeSchlep, mientras organizaciones civiles y figuras políticas en Estados Unidos cuestionaron si Roblox está protegiendo más su reputación corporativa que la seguridad de los niños. Incluso el congresista Ro Khanna impulsó una petición pública que ha reunido más de cien mil firmas en apoyo al joven.
La polémica creció con el interés del periodista Chris Hansen –conocido por el programa To Catch a Predator– en producir un documental sobre seguridad infantil en Roblox. Además, la fiscal general de Luisiana demandó a la compañía, calificando a la plataforma como “el lugar perfecto para pedófilos”.
Por su parte, Roblox insiste en que cuenta con “mecanismos formales de denuncia y protocolos de seguridad que deben respetarse”, y rechaza que su decisión busque proteger a los depredadores.
El caso ha abierto un debate más amplio sobre los límites entre la seguridad digital, la libertad de expresión de los usuarios y la responsabilidad de las grandes tecnológicas en la protección de la infancia.