Ciudad de México.– Luego del descarrilamiento del Tren Maya ocurrido el 19 de agosto en Izamal, Yucatán, el tercero desde su inauguración en diciembre de 2023, legisladores federales exigieron la suspensión inmediata de sus operaciones y la rendición de cuentas sobre su viabilidad.
De acuerdo con datos presentados en el Congreso, el proyecto acumula al menos 45 fallas documentadas, incluidos tres descarrilamientos graves: Tixkokob (marzo de 2024), Bacalar (enero de 2025) e Izamal (agosto de 2025). Los incidentes han sido atribuidos a una inauguración apresurada, deficiencias en la infraestructura y fallas en la gestión operativa de la empresa militar Olmeca-Maya-Mexica.
Se adelantó que se solicitará la creación de una Comisión Independiente de Investigación, integrada por especialistas, organismos internacionales y sociedad civil, con el objetivo de auditar costos, contratos y ejecución del proyecto.
Los cuestionamientos también se centran en el sobrecosto de la obra, que pasó de un estimado inicial de 120 mil millones de pesos en 2018 a 515 mil millones en 2025, un aumento de 281.2%. En el ámbito financiero, el balance es negativo: pérdidas acumuladas de más de cinco mil 800 millones de pesos hasta junio de 2025, y subsidios que superan los 11 mil 800 millones de pesos hasta el tercer trimestre de 2024.
Por su parte, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, exigió la comparecencia del director del Tren Maya, Óscar David Lozano Águila, para aclarar temas como la viabilidad económica, los daños ambientales, la derrama económica real y los subsidios aplicados.
El más reciente accidente reaviva el debate sobre la seguridad, sustentabilidad y rentabilidad del megaproyecto ferroviario, considerado una de las obras insignia del actual gobierno federal.