
La creciente invasión de predios en Santa Cruz Huatulco ha encendido las alarmas entre diversos sectores de la población, quienes advierten que esta situación no solo representa una flagrante ilegalidad, sino que podría provocar un colapso irreversible en materia de planeación urbana, desarrollo ambiental y seguridad jurídica. Empresarios, prestadores de servicios turísticos, organizaciones civiles e incluso ciudadanos de a pie han expresado su preocupación por el avance de asentamientos irregulares en zonas consideradas de reserva ecológica, comunal y federal, muchas de ellas dentro o en los límites del Parque Nacional Huatulco.
De acuerdo con denuncias públicas realizadas desde 2018 y reforzadas recientemente, se estima que al menos 915 hectáreas han sido afectadas por unas 30 invasiones que han dado origen a más de 39 asentamientos ilegales en zonas como El Arenal, Bajos de Coyula, El Faisán y otras áreas estratégicas del municipio. Las invasiones no solo comprometen el equilibrio ecológico, sino que también violan la normatividad de uso de suelo, comprometen la imagen turística de Huatulco y generan tensiones sociales crecientes. Empresarios locales agrupados en la Canaco, Canirac, la Asociación de Hoteles y Moteles de Huatulco y diversos promotores turísticos han señalado que estas tomas están siendo orquestadas por grupos políticos que, en contubernio con autoridades locales, manipulan títulos de propiedad comunal para legalizar lo ilegal.
En redes sociales y foros ciudadanos como Reddit, habitantes han expuesto cómo estas invasiones se consolidan con rapidez ante la pasividad de las autoridades municipales y estatales. Algunas personas denuncian que los nuevos colonos acceden a servicios como el predial o créditos de INFONAVIT sin que existan calles, agua potable, alumbrado ni servicios básicos, lo que refleja la falta de planeación, control y capacidad institucional para gestionar un crecimiento urbano desordenado. Se teme que esta expansión informal, además de deteriorar el tejido social y la plusvalía del destino, ponga en jaque certificaciones internacionales como EarthCheck, que garantizan la sostenibilidad de Huatulco como zona turística modelo.
A pesar de la gravedad del fenómeno, las respuestas oficiales han sido escasas o insuficientes. En 2024, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), junto al INSUS y el gobierno estatal, intentó contener el problema mediante la entrega de escrituras a más de 1,200 familias con terrenos irregulares; sin embargo, este esfuerzo ha sido criticado por normalizar la ilegalidad y no sancionar a quienes promueven nuevas ocupaciones. Aunque existe un convenio desde 2020 para la gestión y regularización del suelo entre el INSUS y el Ayuntamiento de Huatulco, en los hechos los asentamientos irregulares continúan creciendo ante la vista de todos.
La situación ha escalado a niveles que algunos vecinos consideran ya insostenibles. El crecimiento sin control, la especulación inmobiliaria disfrazada de necesidad social, la posible complicidad de autoridades y la falta de acciones concretas, proyectan un escenario preocupante para el futuro de Santa Cruz Huatulco. Si no se frena la expansión ilegal con una política firme, coordinada y transparente, la joya turística de Oaxaca podría quedar atrapada en un conflicto urbano y ambiental de consecuencias irreversibles.