4 de julio de 2025
La frontera entre Oaxaca y Veracruz, específicamente en las regiones montañosas y selváticas que conectan a municipios como Jesús Carranza, San Juan Cotzocón, Uxpanapa y Santiago Sochiapan, se ha convertido en un territorio marcado por la violencia, la impunidad y la desaparición forzada. Para muchas familias mexicanas, esta línea divisoria representa no solo un límite geográfico, sino un punto sin retorno.
En los últimos años, múltiples casos de desapariciones se han documentado en esta zona. Seis jóvenes originarios de Tlaxcala, quienes viajaban con la esperanza de conseguir trabajo, se esfumaron sin dejar rastro al cruzar por esta región. De igual manera, la activista Estefana Martínez y su esposo desaparecieron en 2023 mientras documentaban abusos ambientales en comunidades indígenas. Un matrimonio de comerciantes que cruzaba con mercancía también fue visto por última vez en estos caminos.
El común denominador: todos desaparecieron en la frontera entre Oaxaca y Veracruz, una zona que los lugareños ya llaman “el Triángulo de las Bermudas mexicano”.
Crimen organizado, impunidad y vacío institucional
De acuerdo con organizaciones civiles como el Colectivo Solecito y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en esta franja territorial operan al menos tres células del crimen organizado, dedicadas al tráfico de migrantes, tala ilegal, extorsión y trasiego de drogas. La ausencia de presencia policial efectiva, sumada a la corrupción en ambos estados, ha facilitado la consolidación de redes criminales con alto poder de fuego e influencia local.
“La frontera entre Oaxaca y Veracruz es una zona sin ley. Las familias claman por justicia, pero lo que encuentran es silencio y complicidad institucional”, denunció una vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos.
Una frontera olvidada
A pesar de las denuncias públicas y los operativos anunciados tras casos mediáticos, la región permanece como un punto ciego para el Estado mexicano. Las rutas serranas, los caminos de terracería y los cruces irregulares facilitan la movilidad de los grupos delictivos y dificultan las búsquedas. Las familias, muchas veces, deben investigar por su cuenta y arriesgar sus vidas.
La reciente agresión armada contra María Isela López Álvarez, presidenta municipal de Santiago Sochiapan, mientras se encontraba en San Juan Cotzocón, refuerza la percepción de que nadie está a salvo en esta franja limítrofe.
Urge intervención federal
Expertos en seguridad y derechos humanos han pedido una intervención coordinada del gobierno federal, con enfoque territorial y perspectiva de derechos humanos. “No se puede combatir el crimen solo con más militares. Se necesita justicia, verdad y presencia institucional real”, concluyó un analista del Observatorio Nacional de Desapariciones Forzadas.
Mientras tanto, los caminos entre Oaxaca y Veracruz siguen tragándose personas, dejando atrás familias destrozadas y un silencio que grita.