Ciudad de México, 29 de junio de 2025 — En lo que va del nuevo sexenio, México ha registrado el asesinato de ocho alcaldes y alcaldesas en funciones, de acuerdo con datos oficiales recopilados hasta este mes. Esta cifra representa un alarmante promedio de un homicidio doloso de autoridades municipales por mes desde que Claudia Sheinbaum asumió la Presidencia de la República el 1 de octubre de 2024.
El fenómeno de la violencia contra autoridades locales no es nuevo en el país, pero persiste con fuerza, especialmente en regiones marcadas por la presencia del crimen organizado y la debilidad institucional. Los homicidios de estos funcionarios públicos suelen estar relacionados con disputas territoriales, presiones para permitir actividades ilícitas o represalias por decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo.
Aunque el Gobierno Federal ha reiterado su compromiso con la seguridad de los funcionarios públicos y ha anunciado estrategias como la creación de una unidad especializada en la protección de autoridades locales, organizaciones civiles advierten que las medidas siguen siendo insuficientes frente a la capacidad de operación de los grupos criminales.
Según registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los estados con mayor incidencia de estos asesinatos han sido Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas. Sin embargo, hasta ahora, no se ha informado de detenciones sustanciales en la mayoría de los casos.
Expertos en seguridad señalan que el asesinato de presidentes municipales no solo evidencia el riesgo que enfrentan las autoridades locales, sino que también envía un mensaje de impunidad y descontrol que debilita la gobernabilidad democrática.
Ante esta situación, diversos actores políticos y sociales han urgido al gobierno de Sheinbaum a diseñar una política integral de protección a funcionarios locales, fortalecer las capacidades municipales y garantizar investigaciones imparciales y eficaces que rompan el ciclo de violencia y silencio.
“Es una tragedia que refleja el nivel de vulnerabilidad que enfrentan quienes gobiernan desde lo más cercano a la ciudadanía. No se puede hablar de paz mientras los alcaldes siguen cayendo en manos del crimen”, advirtió la organización Causa en Común en un reciente informe.
Mientras tanto, las comunidades afectadas intentan recuperar la estabilidad tras perder a sus representantes electos, en medio de climas de tensión, incertidumbre y miedo.