Infonavit regularizará viviendas invadidas bajo esquema legal; Sheinbaum garantiza respeto a la propiedad privada

Ciudad de México, 20 de junio de 2025. — El gobierno federal, a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), prepara un programa de regularización de viviendas abandonadas o invadidas, con el fin de reincorporarlas al mercado habitacional y ofrecer alternativas legales a quienes hoy las habitan de forma irregular.

La iniciativa, que ha generado controversia en redes sociales y algunos sectores mediáticos, fue aclarada este miércoles por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que la propiedad privada está plenamente protegida por la Constitución y que el programa se aplicará exclusivamente en los casos donde no existan denuncias penales por despojo o allanamiento.

“Que no haya malas interpretaciones: constitucionalmente la propiedad privada está resguardada. No se trata de quitarle su casa a nadie”, subrayó la mandataria desde Palacio Nacional.

De los desalojos a la regularización con justicia social

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó que el nuevo modelo busca dejar atrás los esquemas tradicionales que, por décadas, recurrieron a despachos legales para ejecutar desalojos y revender viviendas. En su lugar, se aplicará un plan de renta con opción a compra, incluso para ocupantes que no sean derechohabientes, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales y no exista impedimento judicial.

Según datos oficiales, en México hay actualmente más de 843,000 viviendas “emproblemadas”, es decir, abandonadas, vandalizadas o invadidas. De éstas, al menos 145,000 están ocupadas sin título de propiedad.

“Si alguien vive de forma irregular, no lo vamos a sacar a la fuerza. Pero sí le diremos que si no se regulariza, nunca podrá ser dueño de la vivienda”, indicó Romero.

¿Qué implica el programa?

El plan —bautizado como Regeneración Comunitaria Infonavit— incluye los siguientes elementos:

• Arrendamiento con opción a compra para ocupantes irregulares sin denuncias en su contra.

• Rehabilitación o demolición de viviendas en estado de deterioro.

• Coinversión con empresas privadas para mejorar el entorno urbano en zonas marginadas.

• Atención a acreditados originales que abandonaron sus casas por deudas impagables o condiciones inviables de habitabilidad.

Además, se contempla que quienes hayan dejado sus viviendas por razones justificadas puedan recuperar la propiedad si inician su proceso de regularización antes del traspaso legal.

¿Qué pasa si hay denuncias?

La Secretaría de Gobernación, a través de Rosa Icela Rodríguez, precisó que el programa no aplicará en casos donde exista una denuncia penal activa. “Ninguna autoridad puede pasar por encima de una denuncia donde hay un propietario legítimo”, explicó.

En esos casos, prevalecerán los derechos del titular original del inmueble.

Un problema heredado y una oportunidad de recuperación

La presidenta Sheinbaum destacó que gran parte del problema actual tiene su origen en las políticas de vivienda de administraciones pasadas, que promovieron construcciones en zonas lejanas, sin servicios ni conectividad urbana, lo que provocó el abandono masivo.

“Tenemos más de 800 mil viviendas construidas, muchas de ellas vendidas hasta cinco veces. No podemos ignorar esa realidad”, dijo. “Vamos a actuar con legalidad, pero también con justicia social”.

La estrategia se enmarca dentro del objetivo de su sexenio de construir más de un millón de viviendas nuevas y reducir el déficit habitacional nacional, que supera los 9 millones de hogares.

Implicaciones sociales y desafíos

Expertos en derecho a la vivienda consideran que el programa podría prevenir desalojos forzosos y otorgar certeza jurídica a miles de familias. No obstante, advierten sobre la necesidad de vigilar la participación de intermediarios privados, garantizar la transparencia en los procesos de regularización y respetar plenamente los derechos de quienes aún están pagando su crédito o mantienen la titularidad legal de la vivienda.

El reto será equilibrar el acceso a una vivienda digna con la protección del patrimonio de los trabajadores, sin repetir errores del pasado ni dejar las casas en el abandono.