Cuando murió su esposo, Aurelia tenía 66 años y una parcela de media hectárea en la que ambos habían trabajado durante más de cuatro décadas. La tierra, aunque estaba a nombre de él, la habían sembrado juntos. Pero a los pocos días del sepelio, llegaron los hermanos del difunto y le dijeron que ya no tenía derecho a quedarse allí. Que “la tierra era de los hombres”. Le ordenaron que empacara sus cosas y se fuera. Lo hizo. Nunca volvió.
La historia de Aurelia no es excepcional. En Oaxaca, como en muchas regiones del país, el despojo patrimonial y económico de mujeres mayores —especialmente viudas o sin descendencia masculina— es una forma de violencia poco visibilizada, sin cifras oficiales ni respuesta institucional, pero muy presente en la vida de cientos de mujeres indígenas y rurales.
El despojo puede tomar distintas formas: expulsión de la vivienda familiar, despojo de tierras, presión para firmar poderes legales sin comprensión de su alcance, retención de pensiones o manipulación emocional para ceder bienes. En muchos casos, el agresor es un familiar cercano: hijos, yernos, sobrinos o los hermanos del esposo fallecido.
Pese a su frecuencia, este tipo de violencia rara vez es nombrado como tal. Se justifica como “problemas de familia”, “decisiones comunitarias” o “costumbres”. Pero para defensoras de derechos humanos y abogadas con experiencia en comunidades, se trata de violencia patrimonial y económica en el sentido más claro del término.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia patrimonial como “cualquier acto u omisión que afecte la supervivencia económica de la mujer”, lo que incluye el impedimento al uso o control de bienes comunes, ingresos y herencias.
Las mujeres mayores que son víctimas de despojo pocas veces denuncian. Algunas sienten vergüenza; otras, temor a represalias familiares. Muchas más simplemente no saben que tienen derecho a defenderse. En Oaxaca, el acceso a asesoría legal con perspectiva de género y edad sigue siendo una deuda pendiente, particularmente en comunidades indígenas.
Los registros de violencia contra mujeres en la vejez son escasos. Sin embargo, un informe del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad en Oaxaca señala que el 71 % de las agresiones contra mujeres mayores de 60 años provienen de sus propios hijos varones. Le siguen los esposos y otros parientes. En ese contexto, los actos de despojo no solo son frecuentes, sino profundamente naturalizados.
A nivel nacional, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021) indica que el 67.1 % de las mujeres oaxaqueñas han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Aunque el estudio incluye la violencia patrimonial y económica, no desagrega los datos por edad, ni identifica si el despojo ocurre tras la viudez o en contextos de sucesión.
El resultado es que miles de mujeres mayores están quedando fuera del radar de la política pública, atrapadas en una categoría que no se nombra, no se mide y por tanto, no se atiende.
En la región Mixteca, Sierra Sur y Valles Centrales, organizaciones de mujeres han comenzado a documentar casos similares. Algunas viudas fueron sacadas de sus casas a la fuerza. Otras fueron convencidas de firmar papeles bajo engaños. Hay quienes, tras quedar solas, fueron llevadas a casas de hijos o hijas y despojadas de todo contacto con el mundo exterior. En muchos de estos contextos, las mujeres ni siquiera saben que lo que han vivido es violencia.
“El despojo patrimonial es violencia de género en la vejez”, dice una abogada de GESMujer. “Y es aún más cruel porque llega cuando ya no hay energía para pelear, cuando se supone que esa mujer debería vivir con dignidad, acompañada, y en paz”.
Organizaciones civiles exigen que el despojo patrimonial hacia mujeres mayores sea reconocido formalmente como una forma de violencia de género y se tomen medidas para prevenirlo, identificarlo y sancionarlo. Algunas de sus propuestas incluyen:
Capacitación obligatoria a personal de defensorías y fiscalías en violencia patrimonial hacia adultas mayores.
Inclusión de este tipo de violencia en el Registro Nacional de Violencia contra las Mujeres.
Campañas comunitarias multilingües sobre el derecho a heredar y conservar bienes.
Acceso gratuito a asesoría jurídica con enfoque interseccional.
El objetivo, dicen, no es solo sancionar a los agresores, sino restablecer el derecho de las mujeres mayores a vivir en sus casas, en sus tierras, en sus cuerpos, sin miedo ni despojo.
Fuentes consultadas:
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
GESMujer – Grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos
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