La celebración de un matrimonio entre dos adolescentes en la comunidad indígena de San Juanito Yosocani, perteneciente al municipio de San Lorenzo, en la región Costa de Oaxaca, ha causado fuerte indignación en redes sociales y generado el pronunciamiento inmediato de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y la niñez.

El Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), con sede en Oaxaca, exigió a las autoridades estatales y federales investigar el caso de forma urgente, al considerar que podría tratarse de un matrimonio forzado entre menores de edad, una práctica ilegal y considerada una grave violación a los derechos humanos.

Las imágenes y videos difundidos en redes muestran a una joven pareja, aparentemente menor de 18 años, siendo casada en una ceremonia tradicional, con presencia de familiares, menores de edad como padrinos y participantes, y consumo visible de bebidas alcohólicas por parte de niños. Uno de los momentos más alarmantes documentados fue cuando, durante un ritual festivo, niñas y niños que participaron en el baile conocido como “la calabaza” fueron premiados con cervezas, las cuales bebieron frente a los adultos sin restricciones.

Una práctica prohibida, pero persistente

Aunque el matrimonio infantil está prohibido en México desde 2019, mediante una reforma al Código Civil Federal y a las legislaciones locales, Oaxaca sigue siendo uno de los estados con mayor número de casos documentados, especialmente en comunidades indígenas donde persiste la validación cultural de uniones tempranas bajo el argumento de “usos y costumbres”.

“No es aceptable que las autoridades guarden silencio frente a hechos que atentan contra los derechos de niñas, niños y adolescentes. La pobreza o las tradiciones no pueden ser excusa para perpetuar violencias como el matrimonio forzado infantil”, afirmó GESMujer en un comunicado emitido el sábado.

La organización subrayó que, de acuerdo con la ley vigente, ninguna persona menor de 18 años puede contraer matrimonio o unión de hecho, aun con el consentimiento de sus padres o bajo costumbre comunitaria, pues se trata de una figura prohibida para proteger el desarrollo integral y los derechos de la infancia.

Exigen intervención de autoridades estatales y federales

GESMujer pidió la actuación inmediata de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el Sistema Estatal DIF, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), a fin de esclarecer los hechos, brindar protección a los menores involucrados y evitar la repetición de estas prácticas en otras comunidades.

También hicieron un llamado al Congreso del Estado de Oaxaca para que revise las lagunas jurídicas que permiten la impunidad en estos casos y se fortalezca la vigilancia y sanción de autoridades municipales que omiten su deber legal de proteger a la niñez.

¿Violencia normalizada?

Activistas consultadas por medios locales explicaron que el caso revela no solo un vacío legal, sino una normalización de la violencia estructural contra niñas y adolescentes en regiones donde confluyen la pobreza, la falta de educación y el machismo comunitario. La entrega de menores en matrimonio o unión con adultos, a menudo en contextos de desigualdad, puede derivar en embarazos adolescentes, abandono escolar, violencia doméstica e incluso trata de personas.

Además, alertaron que la difusión de estos casos en redes sociales no siempre es acompañada por el interés mediático en los procesos judiciales posteriores, lo que puede contribuir a que se perciban como “anécdotas virales” en lugar de problemas estructurales que requieren acción sostenida del Estado.

Oaxaca, entre los estados con más casos de matrimonio infantil

Según datos del INEGI y del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Oaxaca se encuentra entre las cinco entidades con mayor número de adolescentes unidas o casadas antes de los 18 años. Aunque las cifras han disminuido levemente en los últimos años, los matrimonios forzados y uniones tempranas siguen ocurriendo, especialmente en zonas rurales e indígenas.

En muchos de estos casos, no hay registro oficial, pues las uniones no son formalizadas ante un juez o notario, sino que ocurren bajo rituales comunitarios que reciben respaldo social, pero no tienen reconocimiento legal. Esto dificulta la intervención del Estado y la activación de protocolos de protección a menores.