Oaxaca de Juárez, Oax., 1 de junio de 2025. Este domingo por la tarde, la Policía Estatal de Oaxaca llevó a cabo un operativo para desalojar a un grupo de ex burócratas que mantenían una protesta en el Palacio de Gobierno, exigiendo su reinstalación tras haber sido despedidos en diciembre pasado mediante el Decreto 24.

Los manifestantes, quienes habían instalado un campamento desde el sábado, inicialmente bloquearon los accesos principales del inmueble. Sin embargo, para este domingo, liberaron las entradas y se replegaron a los costados del edificio. A pesar de ello, las autoridades consideraron que la presencia de los ex trabajadores seguía obstruyendo el paso, especialmente por las lonas colocadas para protegerse de la lluvia. 

El Subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, Angelino López Cruz, se presentó en el lugar y advirtió a los manifestantes sobre las consecuencias de no retirarse. Posteriormente, alrededor de las 17:30 horas, arribaron al sitio elementos antimotines de la Policía Estatal, equipados con escudos, escopetas de gas y pistolas de cargo, a pesar de que los protocolos de uso de fuerza prohíben portar armas de fuego durante este tipo de operativos. 

Ante la advertencia de uso de la fuerza pública, los ex burócratas informaron que las puertas estaban libres y que no impedían el ingreso o salida del palacio. Sin embargo, tras un diálogo entre el comandante de la policía y Ariadna Marisol Osorio Ortiz, secretaria particular del secretario de Gobierno, Jesús Romero López, se procedió al desalojo. 

Los ex trabajadores denunciaron haber recibido llamadas de amenaza, advirtiéndoles que si no se retiraban, se actuaría en su contra. A pesar de estos actos de intimidación, señalaron que ya existían acuerdos para instalar una mesa de trabajo y evaluar su reinstalación, pero que esta ha sido aplazada constantemente, motivo por el cual decidieron plantarse en el Palacio de Gobierno. 

El Decreto 24, aprobado en diciembre pasado, extinguió más de mil plazas en la administración estatal, afectando a numerosos trabajadores que ahora exigen justicia laboral y la revocación de dicho decreto.