27 de mayo de 2025 — A escasos días de la controvertida elección judicial programada para el 1 de junio, la sociedad mexicana enfrenta una encrucijada cívica sin precedentes. Organizaciones civiles, académicos, activistas y ciudadanos que han manifestado su rechazo a la reforma que impuso comicios populares para designar a jueces y magistrados, se debaten ahora entre abstenerse o acudir a las urnas.
Los foros digitales, especialmente grupos de WhatsApp y redes sociales, se han convertido en espacios de deliberación intensa. Las preguntas más frecuentes oscilan entre “¿vale la pena votar?” y “¿se puede evitar que ganen los peores perfiles si salimos a votar?”. Hay quienes plantean la posibilidad de sufragar únicamente por candidatos en funciones o con carrera judicial, como estrategia para contener el avance de figuras consideradas oportunistas o sin preparación técnica.
El dilema refleja la crisis de confianza en el proceso. Para muchos, votar sería legitimar una reforma impuesta sin consenso, que eliminó los contrapesos y sustituyó criterios de méritos por campañas electorales. Para otros, no participar significaría abandonar el terreno a intereses partidistas, entregando el control de un poder clave sin resistencia ciudadana.
La elección judicial fue parte de una reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada con rapidez por el Congreso antes de su salida del cargo en octubre de 2024. Desde entonces, ha sido duramente cuestionada por juristas, organizaciones nacionales e internacionales e incluso por miembros del Poder Judicial, quienes advierten que el modelo amenaza la independencia judicial y podría politizar aún más la justicia en México.
La semana previa a los comicios se ha vuelto un campo de batalla ético y político. A diferencia de elecciones anteriores, aquí no se discuten partidos, sino perfiles individuales cuya idoneidad resulta difícil de evaluar para el ciudadano común, en medio de una campaña opaca, sin reglas claras ni debates sustantivos.
En tanto, el Instituto Nacional Electoral ha reconocido que enfrenta dificultades para cubrir todas las casillas con ciudadanos capacitados, y algunas voces alertan sobre el riesgo de que se instalen mesas con funcionarios improvisados o incluso simpatizantes de grupos de poder.
El dilema de votar o abstenerse va más allá de una elección: se trata de una reflexión profunda sobre la legitimidad del poder judicial, la autonomía de las instituciones y el papel del ciudadano ante reformas que alteran el equilibrio democrático.
Con la fecha cada vez más cerca, miles de mexicanos seguirán decidiendo, no sólo a quién dar su voto, sino si ese voto puede —o no— marcar alguna diferencia.