Destituyen ilegalmente a representante comunitaria de Mazatlán Villa de Flores, tras denunciar despojo

Margarita García López denunció haber sido removida de manera ilegal de su cargo como representante comunitaria del Centro de Mazatlán Villa de Flores, en la región de la Cañada, Oaxaca. Ante esta situación, presentó una queja formal ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

La remoción de García se da en medio de un conflicto por la posesión de un terreno comunitario donde se ubica la Casa Azul, un espacio de reunión social. Según ha señalado, el párroco de la localidad busca apropiarse del predio.

En su denuncia, García relató que el 17 de abril de 2025 recibió un citatorio firmado por Reynalda Cid Castillo —quien, afirma, se ostenta de manera ilegítima como representante comunitaria— para asistir a una asamblea el 20 de abril, convocada en el salón de usos múltiples de la presidencia municipal. De acuerdo con García, esta persona fue impuesta por el presidente municipal, Teófilo Marín Pablo, en desacato a la decisión de la Asamblea Comunitaria, que la eligió legítimamente a ella como autoridad.

La denunciante afirmó que su destitución vulnera no solo los usos y costumbres de la comunidad, sino también sus derechos político-electorales como mujer indígena. Resaltó que la denuncia fue presentada oportunamente ante la Comisión de Quejas y Denuncias del IEEPCO el 12 de febrero de este año, bajo el expediente CQDPCE/CA/14/2025.

El 13 de febrero, el IEEPCO reconoció a García como denunciante legítima y representante de la comunidad, otorgándole medidas de protección. En estas, el órgano electoral pidió garantizar sus derechos y prevenir cualquier forma de violencia política en razón de género, incluyendo amenazas a su integridad física y emocional.

Además, el IEEPCO exhortó al presidente municipal Teófilo Marín Pablo, al secretario municipal Mario García Rojas y a Rigoberto García García, a abstenerse de realizar actos que intimiden, obstaculicen o perjudiquen el ejercicio de su cargo.

García advirtió que la asamblea convocada para discutir temas comunitarios, particularmente sobre el uso de recursos federales, contraviene las medidas cautelares vigentes y podría constituir desacato y violencia política de género.

Finalmente, solicitó que se suspenda de inmediato la convocatoria emitida por Reynalda Cid Castillo y cualquier acto derivado de su designación, hasta que el IEEPCO resuelva el fondo de la denuncia. También exigió se le respeten sus derechos político-electorales, conforme a principios de igualdad, paridad, no discriminación, interculturalidad y libre determinación de los pueblos indígenas.

García reiteró que fue designada por la Asamblea Comunitaria como Autoridad Comunitaria para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 y exigió el respeto a este nombramiento.