Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) han manifestado su preocupación por la falta de insumos esenciales, como papel, tóner y equipos multifuncionales, en diversos juzgados y tribunales del país. Esta carencia obstaculiza la correcta impartición de justicia y ha generado inquietud tanto entre el personal judicial como entre los usuarios del sistema.
En el estado de Tabasco, el Colegio de Abogados Tabasqueños señaló que, a pesar de contar con un presupuesto superior a 865 millones de pesos en 2023, los juzgados operaron con una creciente falta de insumos y herramientas básicas. Esta situación, según el abogado Pedro García Falcón, viola el artículo 17 de la Constitución, que garantiza el derecho a una justicia pronta y gratuita, ya que son los propios usuarios quienes deben cubrir los gastos de los insumos faltantes .
En Oaxaca, empleados del Tribunal Superior de Justicia del Estado denunciaron la ausencia de materiales de oficina fundamentales, como papel y mobiliario adecuado, a pesar de que el Poder Judicial reportó gastos superiores a 100 millones de pesos mensuales durante el primer semestre de 2023. Esta discrepancia ha generado descontento entre el personal, que exige una explicación sobre la asignación de recursos .
Por su parte, en Veracruz, Vicente Octavio Pozos Marín, presidente del Foro de Licenciados, Especialistas, Maestros y Doctores en Derecho de Veracruz, denunció que las instalaciones del Poder Judicial presentan condiciones precarias, incluyendo fallas en los sistemas de climatización y escasez de materiales de oficina. Estas deficiencias han llevado a que el personal tenga que aportar de su propio bolsillo para adquirir los insumos necesarios .
Además, trabajadores del PJF han señalado irregularidades en los procesos de licitación para la adquisición de insumos y mantenimiento de equipos. Acusan que empresas contratadas no han cumplido con sus obligaciones, lo que ha reavivado denuncias por presuntos actos de corrupción al interior del Consejo de la Judicatura .
Estas denuncias reflejan una problemática extendida en el sistema judicial mexicano, donde la falta de recursos materiales y las posibles irregularidades administrativas afectan directamente la eficiencia y calidad en la impartición de justicia.