San Pedro Quiatoni, Oaxaca. — Una nueva jornada de violencia sacudió a la región de Valles Centrales la noche del viernes, cuando un enfrentamiento armado entre habitantes de al menos cinco comunidades del municipio de San Pedro Quiatoni dejó un saldo preliminar de tres personas fallecidas y más de 20 heridas, varias de ellas de gravedad.

Los hechos ocurrieron en la zona conocida como el entronque a La Unión, punto de encuentro entre las agencias de La Soledad Salinas, El Porvenir, La Mancornada, Unión Juárez y El Romadito, cuyos pobladores sostienen un prolongado conflicto por límites territoriales y disputas de autoridad local.

De acuerdo con testimonios recabados en la zona, el conflicto escaló de manera repentina poco después del anochecer. Vecinos reportaron ráfagas de armas de fuego, así como enfrentamientos cuerpo a cuerpo con palos, piedras y machetes. La violencia se extendió durante varias horas, provocando el caos entre las familias de la región, muchas de las cuales se refugiaron en sus viviendas o huyeron hacia zonas cercanas.

Hasta la mañana del sábado, autoridades estatales y municipales no habían emitido un comunicado oficial, lo que ha generado indignación entre los pobladores. En redes sociales, habitantes y líderes comunitarios exigen la intervención inmediata del gobierno estatal y federal para contener la violencia, restaurar el orden y garantizar la seguridad de la población civil.

Los heridos han sido trasladados a clínicas rurales y hospitales cercanos, incluyendo el Hospital Básico Comunitario de Nejapa de Madero, donde se encuentran al menos siete personas bajo atención médica, algunas con heridas de bala. Las autoridades de salud confirmaron que los servicios médicos locales están en riesgo de saturación.

Conflicto de fondo: disputa por reconocimiento oficial

El origen de la disputa se remonta al año 2024, cuando el Congreso del Estado de Oaxaca emitió el Decreto 2450, mediante el cual se elevó de categoría al núcleo rural El Porvenir como agencia de policía. La decisión fue rechazada por la autoridad municipal de San Pedro Quiatoni, que presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En noviembre de ese mismo año, la SCJN dejó sin efecto el decreto, al considerar que se vulneraban las facultades del municipio. Sin embargo, la resolución generó resentimiento entre las comunidades involucradas, reavivando conflictos históricos por el control territorial y los recursos de la zona, como el acceso a caminos, servicios y recursos naturales.

A esta tensión se sumó un incidente ocurrido el 20 de febrero pasado, cuando habitantes de El Romadito bloquearon el camino que conduce al banco de piedra local, generando pérdidas económicas y alimentando el resentimiento entre vecinos.

Exigen paz y presencia del Estado

Organizaciones civiles, líderes comunitarios y habitantes de Quiatoni han reiterado la urgencia de que las autoridades actúen de inmediato para evitar una escalada mayor del conflicto. Hasta ahora no se ha confirmado el despliegue de fuerzas estatales o federales, ni se han realizado detenciones relacionadas con los hechos.

“Nos están dejando solos. Tiene que venir el gobierno a poner orden antes de que esto se convierta en una tragedia aún mayor”, declaró un habitante de La Mancornada que pidió el anonimato.

Mientras tanto, en las comunidades persiste un ambiente de miedo, tensión y vigilancia mutua. Familias enteras han comenzado a abandonar temporalmente sus viviendas ante el temor de nuevos enfrentamientos.

Sin justicia, sin respuesta

El caso de San Pedro Quiatoni refleja una constante en muchas regiones rurales de Oaxaca, donde los conflictos por límites agrarios, representación política y control de recursos siguen sin resolverse, a menudo con consecuencias trágicas. La falta de intervención institucional oportuna y el abandono histórico por parte de los gobiernos han creado un caldo de cultivo para la violencia.

Las comunidades exigen no solo justicia para las víctimas, sino una mesa de diálogo urgente, mediada por el gobierno del estado, el Congreso local y organismos de derechos humanos, con el fin de restablecer el orden y evitar que más familias sufran las consecuencias de una lucha que hasta ahora ha sido ignorada.