Julia Elena Abdalá Lemus, pareja de Manuel Bartlett, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y figura destacada en el Gobierno de la Cuarta Transformación, recibió depósitos por 4.5 millones de dólares (aproximadamente 120 millones de pesos) en sus cuentas bancarias. Estos fondos provinieron de miembros de la familia Weinberg, señalados por autoridades federales como prestanombres y principales cómplices de Genaro García Luna en delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las transferencias se realizaron entre julio de 2012 y mayo de 2017. Durante este período, Bartlett se desempeñaba como senador plurinominal del Partido del Trabajo y ya formaba parte del movimiento político del expresidente Andrés Manuel López Obrador. De los 4.5 millones de dólares, 2.64 millones fueron depositados directamente en las cuentas personales de Abdalá, mientras que 1.89 millones se transfirieron a Roybell International Inc., una empresa offshore panameña bajo su control.
Estas operaciones financieras han sido objeto de investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde 2021. La UIF presentó una demanda civil en una corte de Florida con el objetivo de recuperar fondos del erario presuntamente desviados durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En junio de 2024, la jueza Lisa Walsh solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información sobre los movimientos bancarios de varias personas, incluyendo a Abdalá.
La familia Weinberg, compuesta por Mauricio Samuel Weinberg López y su hijo Jonathan Alexis Weinberg Pinto, es acusada de encabezar una red de corrupción que desvió más de 625 millones de dólares mediante 30 contratos otorgados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) entre 2009 y 2018. Estos contratos beneficiaron a empresas como Nunvav Inc., Nunvav Technologies Inc. y Nice Systems Ltd., vinculadas a los Weinberg y a García Luna.
Las investigaciones continúan para determinar el propósito y la legalidad de las transferencias realizadas a Julia Abdalá, así como su posible implicación en la red de corrupción asociada a García Luna y la familia Weinberg.