Este domingo 30 de marzo de 2025, inician las campañas de 60 días para las primeras elecciones judiciales directas en México. Un total de 3,422 candidatos competirán por 881 cargos en el Poder Judicial, incluyendo puestos de jueces, magistrados federales y ministros. La jornada electoral está programada para el 1 de junio de 2025.
Uno de los principales desafíos es incentivar la participación ciudadana. La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, estima una participación de entre el 8% y el 15% del padrón electoral, que asciende a 99 millones de personas.
Restricciones en la campaña
Las campañas están sujetas a estrictas restricciones:
• Se prohíben actos masivos, financiamiento público, publicidad en medios y encuestas pagadas.
• Los candidatos deben basarse en redes sociales y propaganda impresa para promover sus propuestas.
• El financiamiento es limitado, y habrá menos centros de votación disponibles.
Estas medidas buscan evitar la contaminación visual y la influencia de partidos políticos.
Un proceso electoral complejo
Las elecciones judiciales coincidirán con comicios locales en 19 estados, lo que añade complejidad al proceso. En estados como Veracruz y Durango, los electores recibirán múltiples papeletas. La reciente reforma judicial y el recorte presupuestal al INE presentan desafíos logísticos y financieros adicionales.
Para adaptarse a este nuevo escenario, abogados y jueces han recurrido a cursos impartidos por estrategas políticos, donde aprenden habilidades necesarias para una campaña exitosa, como comunicación efectiva y manejo financiero.
Un proceso histórico
La implementación de esta elección popular de jueces es resultado de una reforma judicial constitucional reciente. Aunque inicialmente se consideró un posible aplazamiento debido a retrasos legales, la elección se mantiene programada para el 1 de junio de 2025.
El Gobierno de México habilitó un micrositio para el registro de aspirantes, que estuvo disponible hasta el 24 de noviembre de 2024. Los aspirantes inscritos que cumplieron con los requisitos y el perfil podrán ser votados en las próximas elecciones.
Este proceso histórico representa un paso significativo hacia la democratización del Poder Judicial en México, permitiendo que la ciudadanía elija directamente a sus representantes en este ámbito por primera vez.