El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río emitió un decreto histórico que nacionalizó la industria petrolera en México, transfiriendo al Estado los bienes de 17 compañías extranjeras que controlaban este recurso estratégico.
Antecedentes del conflicto laboral
La medida fue precedida por un intenso conflicto laboral entre las empresas petroleras y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Los trabajadores exigían mejores condiciones laborales y salariales, demandas que fueron respaldadas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y, posteriormente, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, las compañías extranjeras se negaron a acatar estos fallos, lo que llevó al gobierno a intervenir.
Fundamento legal de la expropiación
La expropiación se sustentó en el artículo 27 de la Constitución de 1917, que establece que los recursos naturales del subsuelo son propiedad de la nación. Esta acción reafirmó la soberanía de México sobre sus recursos y buscó garantizar que la riqueza petrolera beneficiara directamente al país.
Reacciones internacionales y creación de PEMEX
La decisión generó tensiones diplomáticas, especialmente con Estados Unidos y el Reino Unido, cuyos gobiernos exigieron indemnizaciones para las empresas afectadas. A pesar de las presiones y amenazas de boicot, el gobierno mexicano mantuvo su postura y, el 7 de junio de 1938, creó Petróleos Mexicanos (PEMEX) para administrar la industria nacionalizada.
Impacto y legado de la expropiación
La expropiación petrolera se convirtió en un símbolo de la lucha por la soberanía económica y la justicia social en México. Cada 18 de marzo, el país conmemora este acontecimiento, recordando la importancia de mantener el control sobre sus recursos naturales y la capacidad de tomar decisiones soberanas en beneficio de su población.